Reporteros en el municipio de Tezuitlán, en el estado de Puebla, mediante un comunicado denunciaron ser víctimas de agresiones de distintos servidores públicos de dicho municipio.
Los acosos son una orden del Presidente Municipal, Edgar Antonio Vázquez Hernández, para perseguir a los periodistas que por el ejercicio de su profesión le resultan incómodos, indican los reporteros.
En el documento se narran algunos hechos realizados en contra de los reporteros, a continuación el texto:
Contra Olda Rodríguez Olán, corresponsal del portal de noticias E-consulta y colaboradora de La Opinión Diario de la Mañana y de la Revista ENFOQUE….” el actual edil ya que ha hecho que la despidan de dos estaciones de radio y ha utilizado otros actos como el querer bloquear su trabajo de conductora de eventos políticos y sociales.
La última realizada hace unos días, donde policías municipales rodearon su vehículo privado para detenerla argumentando que se trataba de un secuestro y que trasladaba a encapuchados, cuando se dirigía a su domicilio en compañía de su familia”.
Contra Eduardo Martínez Calixto director general del periódico Noticias… “quien ha sufrido la persecución de parte de agentes viales que indican que por órdenes del Presidente Municipal deben hostigarlo para evitar que realice su labor periodística y de investigación”.
Contra Alberto Rojas Martínez, Coordinador de la Sección Teziutlán de la Opinión Diario de la Mañana y Di-rector General de la Revista ENFOQUE… “ ya que desde que Antonio Vázquez Hernández tomo posesión como diputado local hace más de tres años durante su gestión como legislador lo ha amenazado y ha ofrecido dinero a la casa editorial de la Opinión Diario de la Mañana para que lo despidan” y más recientemente “ordenó a la policía no permitirle el ingreso al palacio municipal”.
Debido a esto, la Casa de los Derechos de Periodistas, pide que la Comisión de los Derechos Humanos, investigue estos hechos y se aclare la situación, también exigen que tanto el gobierno como y el Congreso del Estado que cumplan con sus obligaciones de guardar y hacer guardar los derechos de las personas.