Diversas organizaciones, como el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos y Sociales de Puebla y Tlaxcala, el Colectivo Nueva Esperanza y la Barra Libre de Abogados Democráticos, condenaron la persecución contra opositores al gasoducto Morelos y anunciaron que denunciarán los abusos del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado conjunto, las asociaciones especializadas en la defensa del medio ambiente y derechos humanos expresaron:
“Con profunda preocupación nos hemos enterado de que en las dos semanas recientes se ha desatado en Puebla una serie de detenciones y actos de acoso en contra de personas que forman parte de organizaciones y movimientos que defienden la tierra y el medio ambiente y no aceptan proyectos como el gasoducto Morelos o el Arco Poniente.
“Los medos de comunicación y diversas organizaciones no han dudado en calificar las detenciones como parte de una estrategia gubernamental para someter a los pueblos que luchan por la defensa de su propiedad, presionándolos con el encarcelamiento de miembros de su movimiento que de una u otra forma son emblemáticos.
“Las organizaciones que estamos firmando este comunicado –abunda el documento– también estamos bastante preocupadas por las denuncias que se han hecho en los medios de comunicación acerca de acciones de hostigamiento y acoso como los que han sufrido el investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Ricardo Pérez Avilés, y algunos de sus colaboradores.
“En un clima enrarecido por el encierro de luchadores sociales, las amenazas hacia los académicos u otro tipo de colaboradores con los movimientos sociales que defienden la tierra no pueden tomarse con ligereza: por el contrario, las autoridades deben hacer una investigación exhaustiva de esas amenazas para despejar cualquier duda pero, sobre todo, para castigar a los culpables.
“Es por esa razón que las organizaciones participantes de esta carta abierta exigimos que en primer lugar se den todas las garantías a la sociedad poblana y a sus individuos para ejercer a plenitud los derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la asociación libre y la libertad de expresión”.
“En segundo lugar, pedimos al gobierno del estado, que se encuentra bajo la responsabilidad del doctor Rafael Moreno Valle, que fije ante la sociedad poblana y del país una postura clara sobre las detenciones que se han dado contra luchadores ambientalistas, y aclare si éstas tienen o no que ver con la lucha que las organizaciones a las que pertenecen realizan para detener los proyectos que las comunidades de la región volcánica de Puebla, Morelos y Tlaxcala consideran dañinos”.
“Exigimos también que el gobierno estatal y el gobierno de la República, que preside el licenciado Enrique Peña Nieto, lleven a cabo las pesquisas correspondientes para deslindar responsabilidades en los casos de los universitarios que han sido amenazados y, en su caso, aplique todo el peso de la ley a los responsables”.
“Por último, exigimos también que haya todas las garantías que la Constitución consagra a los ambientalistas, defensores de derechos humanos, activistas, académicos, periodistas y toda persona cuyo ejercicio profesional o público implique la emisión de críticas y cuestionamientos”.