El Movimiento por la Alternativa Social, que forma parte Frente Amplio Social (FAS), fijó este martes su postura ante la política opresora del gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas, al hacer público que su “psicosis contra los opositores a su administración llegó al gremio sindical del estado”, con la detención y encarcelamiento de Israel Pacheco y las intimidaciones a dirigentes sindicales independientes de la Secretaría de Salud (Ssa).
Ante ese panorama, los dirigentes Marco Mazatle y Ricardo Jiménez Ávila exigieron al mandatario respeto a la vida autónoma de los sindicatos, pues reclamaron que “viene tejiendo una cadenita de trabajos para golpear a los sindicalistas no afines a su gobierno”.
Por lo que responsabilizaron al mandatario estatal y al procurador Víctor Carrancá Bourget de lo que pueda pasarle a los líderes sindicales y de organizaciones sociales aglutinados en dicho frente.
“Nos queda claro que Moreno Valle ha recrudecido la represión contra la lucha social y está encaminado a extinguir los sindicatos en Puebla, como ya sucedió en el Hospital para el Niño Poblano, el Colegio de Bachilleres y ahora la Secretaría de Salud del estado”, denunció Marco Mazatle, líder del Sindicato de Telefonistas.
En tanto, Jiménez Ávila informó que en los últimos días recibieron llamadas telefónicas de sus compañeros sindicalistas, quienes “han reaccionado a la psicosis creada por el gobierno del estado contra quienes están en desacuerdo con su forma de gobernar”.
Por tal razón, dijo que este lunes tuvieron una reunión con las organizaciones independientes, para apaciguar los ánimos, pero sobre todo indicó para organizarse y dar la batalla al gobierno morenovallista.
El Frente Amplio Social en Puebla aglutina a once sindicatos y una docena más de organizaciones campesinas y sociales, entre ellos los sindicatos de Telefonistas, Volkswagen, Monte de Piedad, SUTISSSTEP, ISSSTE, Hospital para el Niño Poblano, SITBUAP y Aspauap, así como la CNTE y el Consejo Democrático Magisterial.
Además de la Unidad de la Fuerza Indígena Campesina, el Barzón y la 28 de Octubre, por citar algunos.
Respecto al caso de los presos ambientalistas, los dirigentes demandaron la libertad inmediata de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, quienes comentaron han sido tratados como delincuentes por defender los recursos naturales, cuando los verdaderos delincuentes de cuello blanco se encuentran libres.
Jiménez Ávila reprochó que en Puebla “la Ley se tuerce para perseguir a quien no está de acuerdo con el gobernador y su compañero Antonio Gali”.
En ese sentido, descalificó el actuar parcial del juez Penal de Cholula y Atlixco, al permitir que el gobierno del estado sea juez y parte en el proceso judicial de Enedina, Juan Carlos y Abraham.
Lo anterior, argumentó, pues los acusadores son funcionarios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, así como de la Secretaría General de Gobierno estatal (SGG).
Al último, lamentó que el líder campesino Abraham Cordero Calderón esté recluido en el penal de Atlixco, por ser peligroso para el gobierno, “cuando el verdadero peligro para Puebla es Rafael Moreno Valle”.
Ante ello, hizo un llamado a la sociedad y a la fuerza política para aglutinarse en defensa de los derechos humanos, recursos naturales y de la vida democrática del estado, que aseveró hoy por hoy ha sido pisoteada.