Desde hace varios años el ejercicio periodístico en México ha estado desarrollándose bajo la sombra de la calumnia, la violencia y el crimen, a tal grado de ser considerado como una profesión de alto riesgo de acuerdo con la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero. Año tras año se denuncia a través de la prensa y portales informativos nuevos casos de amenazas y asesinatos en contra de periodistas, vulnerando, por un lado, la libertad de expresión que los medios tienen para difundir la noticia, y por otro lado, el derecho a la información de las audiencias. La información es el privilegio que la sociedad civil debe poseer con legitimidad para que a través de ésta observe el ejercicio del poder público, cuestione el actuar de los sujetos que lo ostentan e inhiba el enriquecimiento ilícito de cualquier sujeto.
Cuando el periodista encara a sujetos cuyas acciones inciden en la vida pública del país, y se develan actos de corrupción, tráfico de influencias, o actos delictivos perpetrados desde las altas esferas del poder y cuando se hace evidente la protección en lugar de la sanción, se pone en evidencia la manera en cómo actúan las instituciones corruptas en consecuencia. Un ejemplo de lo anterior se ilustra en 2006 después de la publicación del libro Los Demonios del Edén, de Lydia Cacho, que provocó una reacción amenazadora del entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, tras hacer pública una red de prostitución y pornografía infantil protegida por el poder del Estado. Otro caso se puede observar con la respuesta virulenta de la presidencia de la República en el año 2011, estando todavía como jefe del ejecutivo Felipe Calderón Hinojosa, cuando Carmen Aristegui, dentro de la Primera Emisión de Noticas MVS cuestionó el supuesto alcoholismo que padecía el ahora expresidente; en respuesta Aristegui fue despedida por unos días del espacio radiofónico, retomándolo posteriormente debido a la presión de la sociedad civil.
En esta ocasión, la politóloga y periodista Denisse Dresser es ahora intimidada tras la publicación de su columna “Cloaca abierta” en el diario Reforma el paso 21 de marzo, en la que retomó una investigación publicada en The New York Times, en la que Craig Pyes y Sam Dillon documentaron la supuesta protección que el entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones (hoy coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados) había brindado a narcotraficantes. Es válido para los actores políticos aludidos en los trabajos periodísticos responder ante los comentarios del analista, pero no lo es valerse de información personal con el fin de desprestigiar; es fundamental que esos actores políticos aclaren lo que se hace evidente en los documentos, pero no lo es intimidar con amenazas. Cuando se responde con violencia, es síntoma que una verdad incómoda fue sensiblemente tocada.