La bancada del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en la Cámara de Diputados federal presentó ayer un punto de acuerdo para que se defiendan los recursos naturales y de salud de los habitantes de la región de Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec, perjudicados o amenazados por las compañías mineras que tienen en concesión más de mil 500 hectáreas de territorio.
El proyecto fue planteado por Zuleyma Huidobro González, representante popular de Puebla por la vía plurinominal, y por el coordinador de la fracción parlamentaria del instituto político de izquierda, Ricardo Monreal Ávila.
El punto propone exhortar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que “a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del ingeniero Juan José Guerra Abud, emita un nuevo estudio técnico–ambiental en el que participen los pobladores de la sierra nororiental del estado Puebla, y en caso de ser negativo ordene la inmediata y futura cancelación de los proyectos mineros e hidroeléctricos en la región, ponderando en todo momento el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a la libre determinación de los pueblos indígenas”.
También evidencia a la delegada de dicha dependencia federal en Puebla, Daniela Migoya Mastretta, por la opacidad que ha manifestado sobre las concesiones mineras, en declaraciones a los medios de comunicación:
“(…) La delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado, Daniela Migoya Mastretta, negó rotundamente (…) la concesión de algún tipo de permiso para actividades mineras en la región de Cuetzalan; sin embargo, de acuerdo con la información publicada en la página web del Sistema de Administración Minera dependiente de la Secretaría de Economía, se han otorgado dos concesiones a nombre de la Compañía Minera Autlán, SA de CV, y una a Minas de Santa Martha S. A., que juntas abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso y del municipio de Tlatlauquitepec, con más de mil 527.89 hectáreas aproximadamente”, indica el documento.
Y agrega: “Resulta preocupante que las autoridades responsables de velar por el bienestar de los pueblos indígenas, permita la operación de este tipo de empresas, que no magnifica la importancia ambiental y social de la zona al ser un territorio que recarga los mantos acuíferos y donde se ubican los principales manantiales que dotan de agua a la mayor parte de las comunidades de Cuetzalan del Progreso, además de que es el área que más conserva los reductos del bosque mesófilo de montaña.
“De autorizar dichos proyectos en comento se estaría perpetrando un atraco en contra de municipios, delegaciones o rancherías eminentemente rurales, quienes prácticamente no tienen voz ni voto a la hora de decidir sobre la afectación hecha a sus terrenos, mediante ocupación temporal, el establecimiento de servidumbres o, incluso, expropiación. Atropellando con lo anterior los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, que reivindican la propiedad social, el reconocimiento de la composición étnicamente pluricultural de la nación y la voz en este caso de los comités de agua de las diferentes comunidades del municipio de Cuetzalan”, advierte.
En otra parte también recalca la propuesta de punto de acuerdo que “se viola de manera fragante los derechos de las personas a contar con un medio ambiente sano y a la salud, sino también a la libre determinación de los pueblos indígenas, al hacer caso omiso al reclamo justificado de hombres y mujeres representantes de las comunidades pertenecientes a las ocho juntas auxiliares en su mayoría indígenas, pero también mestizas, ‘coyomes’, como ahí se les conoce, en el sentido de reafirmar su rechazo a esos proyectos”.
Agrega en el segundo punto de la propuesta de acuerdo “se exhorta a la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso de la Unión para que se lleve a cabo en los términos del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la instalación de una comisión especial encargada de revisar y regular las concesiones otorgadas a empresas mineras durante los últimos 12 años, ante el grave deterioro ecológico y a las reiteradas violaciones a los derechos de los trabajadores mineros en el territorio nacional”.
Motivos
La exposición de motivos hecha por Huidobro y Monreal se transcribe a continuación:
“La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, se practica desde la época prehispánica y fue fuente de la expansión regional desde la colonia. Ha estado presente en el desarrollo del país como un factor importante de modernización, así como en la generación de innumerables beneficios en los diversos campos de la sociedad.
“Sin embargo, la estrecha relación costo–beneficio, auspiciada por las anteriores administraciones, han dejado muy pocos dividendos para la nación mexicana, pero inmensas ganancias para unos cuantos grupos corporativos de la industria minera, que al mero estilo neo porfirista se han incrustado en las altas esferas del gobierno, para asegurar la protección de sus intereses capitalistas, dándole un trato predador a nuestro país.
“Tan solo bastaron 60 años para que México perdiera su capacidad metalúrgica, heredó pueblos fantasmas de lo que antes eran poblados mineros, vio reducida su capacidad de planeación y posiblemente de progreso social, al perder fuentes de trabajo local, que obligaron a la emigración masiva de sus habitantes a las grandes ciudades.
“Actualmente las condiciones de la industria minera en México producen efectos mucho más nocivos en el aspecto ambiental y de justicia social que beneficios para los mexicanos; muestra de ello son los innumerables reclamos de los ciudadanos de diversas comunidades, ejidos, pueblos o municipios que ven con tristeza el grado de corrupción e impunidad en el que se encuentran, cuando caen en la cuenta de que las mineras reciben el respaldo de los tres órdenes de gobierno.
“La imperante actitud entreguista, que protege los intereses de los grandes capitalistas, a menudo produce impactos ambientales negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora fauna, en la salud de los habitantes de las comunidades y, en el peor de los casos, la erradicación de poblaciones completas.
“La Ley Minera y su reglamento no permea el espíritu consagrado en los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muy por el contrario, empapados dichos ordenamientos de una visión de corte liberal pondera el uso de la tierra para la exploración, explotación y beneficio de las sustancias y recursos minerales, sobre el derecho preferencial de las comunidades, ejidos y pueblos a disfrutar de los mismos, en el contexto de respeto a su entorno socioeconómico y de disfrute de un medio ambiente sostenible.
“Desafortunadamente la legislación en la materia actúa como un auténtico rodillo que vulnera la reivindicación de la propiedad social, el reconocimiento de la composición étnicamente pluricultural de la nación y los derechos de los grupos más vulnerables.
“Ejemplo de ello es la amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, así como la latente explotación de gas por parte de empresas petroleras y la privatización de sus sistemas de distribución de agua, los cuales indudablemente ponen en riesgo la salud y el patrimonio de las comunidades.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana en su artículo 4 establece los principios rectores del cuidado al medio ambiente, el cual reza de la siguiente manera:
“Artículo 4o. (…) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
(…)
“De igual forma, en el párrafo consecuente se estable la participación de la ciudadanía para el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos para el logro de dichos fines.
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.