Tlamanca, mpio de Zautla, Pue. Con pronunciamientos en contra de las reformas energéticas “que continúan favoreciendo al sector privado en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas” y la propuesta de “decretar en todo el país territorios libres de minería y “proyectos de muerte; a construir espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen alternativas dignas de vida” construídas desde la vida comunitaria de los propios pueblos, concluyó hoy aquí el Encuentro de Pueblos en Resistencia ante el modelo extractivo minero que durante tres días convocó a más de 600 personas, indígenas, campesinos, mestizos/as de ocho estados del país, así como de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia.
En la declaración final del encuentro, que concentra las experiencias compartidas y discusión de estrategias colectivamente en siete mesas de trabajo se exige “Que las autoridades dejen de proteger los intereses privados y trabajen para respetar los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en un territorio sano y seguro, libres de minería y de proyectos de muerte” y que respeten las decisiones de las comunidades que en este encuentro y en sus asambleas locales y acciones cotidianas han expresado un No rotundo a los proyectos mineros.
Se afirma que los diferentes niveles de gobierno “son partícipes en la promoción y ejecución de proyectos mineros. El gobierno federal ha concesionado más de la tercera parte del territorio de los pueblos indígenas y campesinos. Por otro lado, las empresas dañan el tejido social por medio del poder económico y político construido con los gobiernos, quienes fortalecen al sector privado con estrategias locales como los programas asistencialistas, y con las reformas constitucionales y estructurales. Finalmente, el estado ha hecho uso de las policías estatales y federales para avalar la entrada de las empresas y actúa como guardián de intereses privados, al mismo tiempo que criminaliza y reprime al pueblo y sus luchas”.
En este contexto, se afirma, se ha hecho necesario que las comunidades se informen sobre esta nueva forma de explotación que es la minería a cielo abierto. “Hemos buscado información y llevado a cabo diferentes acciones, algunas han sido formales y dentro del marco del estado, pero otras son cotidianas y fortalecen nuestra resistencia como pueblos indígenas y campesinos, pues implican la construcción de alternativas desde lo local y comunitario”.
Se destaca que en este proceso, las luchas de las mujeres destacan porque su papel ha sido preponderante en defender la tierra pues “es nuestra casa, sustento, medicina y dadora de vida. Esta resistencia se la logrado por medio del fortalecimiento de los espacios de decisión como la asamblea, el saber propio, la lengua, la cultura e identidad y va más allá de las alianzas con las que empresas, autoridades y partidos políticos intentan dañar las decisiones colectivas”.
Recuerdan “con rabia a quienes han luchado y han sido asesinados. Retomando su fuerza para continuar en la resistencia y en la lucha, exigimos justicia y nos comprometemos a seguir el ejemplo de Noé Vázquez de Veracruz, Bernardo Méndez Vázquez y BernardoVelázquez Sánchez de Oaxaca, Mariano Abarca del estado de Chiapas:
Denuncian lo ocurrido en la comunidad de Zacualpan, del Estado de Colima, que fue desalojada por fuerzas estatales el día jueves 13 de marzo mientras llevaba a cabo una acción en defensa de sus manantiales en contra de una concesión minera. Durante la agresión, fueron golpeadas mujeres, niñas y niños. Así mismo, en el estado de Oaxaca, fue desalojada por caciques regionales, apoyados por la policía estatal, la comunidad de playa Cacalotillo, municipio de San Pedro Tututepec el pasado 11 de marzo. En este acto fueron detenidos seis habitantes, amenazadas de violación sexual mujeres y niñas, y saqueadas y destruídas sus viviendas, se afirma.
Estos hechos violentos, subraya la delaración, no son aislados, “son una muestra de lo que vivimos cotidianamente quienes estamos defendiendo el agua, la tierra y la vida. En este contexto, los gobiernos criminalizan la protesta social y particularmente a las mujeres, violentando nuestros cuerpos y territorios como estrategia constante de represión”.