La privatización del agua, la presencia del crimen organizado en Puebla, el costo de los proyectos para la prestación de servicios (PPS) y la compra de aeronaves no tripuladas de vigilancia fueron los temas que evitó abordar el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, al comparecer ante el Congreso del estado.
La mayoría de las preguntas que quedaron sin respuesta las formuló Julián Peña Hidalgo, diputado de Movimiento Ciudadano, y las restantes el coordinador de la bancada del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien crítico que la falta de transparencia es uno de los principales problemas de la administración estatal aunada a la corrupción.
En tribuna, Giorgana refirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en 2012 que el delito más recurrente en la entidad federativa es la corrupción, materia en la que Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional.
Maldonado argumentó falta de tiempo para no contestar las 11 interrogantes de Peña, pese a que el Congreso autorizó ampliar la sesión más allá del límite fijado por la ley de las 15 horas, tras la intervención del representante popular de izquierda. El responsable de la política interna del estado garantizó que responderá por escrito todas las preguntas.
En el caso del Revolucionario Institucional, Maldonado optó en una de las intervenciones por centrarse en el cuestionamiento que realizó Giorgana sobre el retiro de una concesión carretera a Osa Constructora y Edificadora; descartó que obedeciera al escándalo de corrupción que enfrenta la compañía Oceanografía, de la que es filial, y aseguró que el gobierno cuida el proceso para evitar que la firma se ampare.
Sin embargo, no dio a conocer el número de PPS contratados, el costo de cada uno, así como los plazos y condiciones de pago de esos proyectos –entre los que se encuentra la construcción y funcionamiento del Centro Integral de Servicios que se localiza en la zona de Angelópolis.
Entre las preguntas de Julián Peña que quedaron sin respuesta se encuentran las siguientes: ¿considera congruente autorizar condonaciones de impuestos y por otro lado privatizar el servicio del agua?; qué va a pasar con el personal ministerial que no aprobó los exámenes de control y confianza; y cuál es el número de recomendaciones que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene sobre violaciones a los derechos humanos.