La semana pasada, en este mismo espacio, me preguntaba sobre las reformas al campo que se estaban proponiendo desde el Ejecutivo nacional para convertir al sector agropecuario en una de las principales fortalezas del país y en un espacio de vida digna para quienes viven del campo. La propuesta para lograr esos objetivos es apuntalar una nueva visión de productividad que retoma la figura de clúster, como modelo de asociación, donde se le estaría dando escala productiva al minifundio, permitiendo integrarlos a la cadena productiva.
En la edición pasada, por un error involuntario, el esquema no se incluyó, pero ahora lo retomamos. El cuestionamiento hacia la propuesta tiene que ver con la falta de definición de una política de precios, más allá de que los precios que rigen en el mercado internacional y sus vaivenes, que dieran alguna certeza y viabilidad a una propuesta para segmentos de productores específicos, que se engloban según la misma por ser minifundistas. De no atenderse esto la propuesta se convierte en excluyente de la mayor parte de esos productores minifundistas y apuntala el favorecimiento de los sectores de agronegocios.
Incluso dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013–2018 se menciona en su diagnóstico en lo que consideran su “bipolaridad”, que en el campo mexicano “existe un segmento comercial altamente competitivo con empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales. En contraste, la gran mayoría de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo, y no necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición”.
Se registra que en el país existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, de las cuales 3.9 millones (que representan 72.6 por ciento del total) se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos; además, “442 mil unidades económicas rurales (que representan 8.3 por ciento del total) se encuentran en transición; es decir, han dejado de ser de subsistencia para incursionar al mercado y registran ventas anuales promedio de 73 mil 931 pesos”. 9.9 por ciento de las unidades económicas de producción, 528 mil, tienen una actividad empresarial con rentabilidad frágil, y sus ingresos por ventas promedio anuales ascienden a 152 mil pesos. Otras 448 mil unidades, 8.4 por ciento, desarrollan una actividad empresarial pujante con ingresos anuales superiores a 562 mil pesos, y únicamente poco menos de 18 mil unidades (0.3 por ciento del total) pertenecen a un estrato empresarial dinámico, con escala productiva comparable con empresas de la industria o del sector servicios, y cuyo principal problema es el de alcanzar niveles de competitividad de largo plazo. Después de esta radiografía se menciona que el reto es sustentar y potenciar la competitividad de las empresas agroalimentarias, cuidando al mismo tiempo elevar la productividad de las unidades de baja escala. El problema sigue siendo el cómo, porque la producción puede aumentarse, pero si no garantiza en términos del valor de la producción mejores ingresos para los productores minifundistas, que por causa estructurales, como es la disponibilidad de agua y tierra (cuestión que abordaremos en la próxima entrega), presentan una limitada producción, la propuesta se vuelve poco solvente para cambiar la situación de miles de productores del sector.