La semana pasada las Comisiones Unidas del Senado de la República pospusieron (por segunda ocasión) la discusión del dictamen de la reforma constitucional en materia de trasparencia; una reforma que lleva ya más de un año en el Congreso de la Unión y que fue presentada con bombo y platillo en septiembre de 2012 por el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, pero que a diferencia de otras reformas estructurales promovidas por el gobierno del mexiquense, ha llevado un proceso lento y cada vez más complicado.
¿Y por qué debería interesarnos que los senadores aprueben ya la reforma que dotará de mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)?
En primer lugar porque todas las reformas promovidas por Peña Nieto con las cuales busca “mover a México” necesariamente deben estar acompañadas de esta reforma que permita la transparencia y el acceso a la información indispensables para garantizar que los nuevos impuestos estipulados en la reforma hacendaria sean bien aplicados, para verificar que las nuevas licitaciones en telecomunicaciones sean entregadas bajo procesos claros, para saber a qué empresas se les otorgarán los contratos que les permitirán compartir la renta petrolera con Petróleos Mexicanos (Pemex) o bien, para conocer cuánto reciben los grandes sindicatos y los partidos políticos, entre otros temas de interés nacional que necesitan de la observancia de todos los ciudadanos para poder exigir una verdadera rendición de cuentas.
En segundo lugar, enfocado en el ámbito local, porque la reforma plantea la posibilidad de que el IFAI pueda conocer de oficio o a “petición fundada” de los recursos de revisión de los órganos garantes a nivel estatal, en nuestro caso, de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado (CAIP).
En las últimas semanas, diversos medios informativos como La Jornada de Oriente e Intolerancia Diario, los portales Lado B y e–consulta, así como el Portal de Transparencia Con los Ojos Abiertos, han expuesto cómo, a través de diversas prácticas, el gobierno del estado ha impedido el acceso a la información con relación a temas de interés público.
Si bien el caso de la confirmación por parte de la CAIP de la reserva por motivos de “seguridad” de la facturas de los helicópteros Augusta ha sido el caso más sonado de la opacidad poblana; la información sobre otros temas de igual relevancia como la rueda de observación conocida como la Estrella de Puebla, el pago por la adquisición de seguros contra desastres naturales, los servicios contratados para las fiestas patrias así como el arrendamiento de locales en la zona de Los Fuertes, también ha sido reservada o simplemente negada, sin que los ciudadanos puedan recurrir efectivamente a un órgano garante que haga valer su derecho de acceso a la información pública.
Esto, además de representar un atropello para la labor periodística, limita a los lectores en su derecho a recibir información clara y completa. Artículo 19 señala, como parte de su informe sobre la marcha del 2 de Octubre, que “la libertad de expresión y el derecho a la información son libertades que tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen (…) que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información”.
El derecho de acceso a la información pública es de lo poco rescatable que nos dejó el gobierno de Vicente Fox Quesada en materia de ciudadanía, el cual, después del voto, es el mecanismo que tenemos los ciudadanos para vigilar, evaluar y exigir el desempeño de nuestros gobernantes, y que más que un derecho, es una obligación ciudadana. Quizá la reforma que está en manos de los senadores no sea la ideal pues tiene algunos “negritos en el arroz”, pero si representa un avance en la materia por ello es trascendental que los integrantes de la Cámara Alta discutan y aprueben la reforma en respuesta a una ciudadanía que demanda: #TransparenciaYa.