El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla consideró que la devolución al Congreso de la facultad de establecer las tarifas para el servicio de agua potable puede ser una simulación, pues nada garantiza que esta o las próximas legislaturas no se pongan de acuerdo con empresas privadas si de todas maneras el proceso de privatización del recurso sigue en curso.
El Morena, a través de Ana Laura Martínez, responsable estatal de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, ingresó ayer a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo la solicitud formal para que se someta a consulta popular la Ley del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla.
El propósito, explicó el abogado y consejero nacional de la organización, René Sánchez Galindo, es que la sociedad poblana decida efectivamente si quiere o no que el servicio de agua potable y alcantarillado sea concesionado.
“En estos momentos la derogación al artículo 118 bis que han acordado el gobierno del estado y el Congreso puede ser mero atole con el dedo, porque el Poder Legislativo se ha venido comportando como una mera oficialía de partes, y nada nos garantiza que estos u otros diputados puedan elevar las tarifas al precio que se les antoje para satisfacer las expectativas de las empresas privadas a las que se pretende entregar el servicio en concesión. Por eso es necesario que se pregunte al pueblo si quiere que el servicio del agua potable se concesione o no”, explicó el litigante.
Sánchez Galindo –representante de la asociación civil Colectivas y quien logró, junto con otros activistas y académicos, un amparo para detener la siembra de maíz transgénico– consideró que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra Piña, puede incluir la solicitud del Morena en el dictamen sobre el particular que fue enviado ayer en comisiones.
Derogaciones
Ayer por la mañana los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado tuvieron una reunión con el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, en la que “expresaron su preocupación por una equívoca percepción (sic) en relación con las reformas realizadas a la Ley del Agua y Saneamiento de Puebla”, según se informó en un boletín.
Al respecto, Luis Maldonado Venegas aclaró que “las falsas interpretaciones (sic) como que la definición de tarifas quedaría al arbitrio de empresas privadas o que desaparece el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) son promovidas por grupos con intereses políticos o particulares y no corresponden a la naturaleza y al espíritu de dicha reforma”.
El funcionario precisó que “el artículo 118 bis no vulnera los derechos originarios respecto al consumo del agua; sin embargo, las falsas interpretaciones requieren que se haga esta precisión y se tomen medidas para responder a las inquietudes sociales”.
Agregó que existe “coincidencia plena en la propuesta de derogación de este artículo entre el gobierno del estado y las fuerzas representadas en el Congreso local, y que el gobernador Rafael Moreno Valle es receptivo al propósito de dar claridad y certidumbre a la sociedad poblana”.
Maldonado aclaró que las tarifas por concepto de cobro de agua del Soapap se establecen por el Congreso del estado en el artículo 118 de la citada ley.
Sobre este punto, el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra Piña, “agradeció la apertura del titular de la SGG para realizar este diálogo y coincidir a fin de derogar el artículo 118 bis”.
La reforma aclara y mantiene el espíritu original de la misma” que fue realizada hace unas semanas con el fin de “hacer más eficiente” el servicio, expresó.
Por lo anterior recalcó que las tarifas son establecidas por el Poder Legislativo “y en ningún momento, ni antes o después de este acuerdo, se pretende o pretendió privatizar al Soapap, por lo que se atajan las falsas percepciones… la percepción fue incorrecta en todo momento, ya que nunca se planteó la privatización”.
En la reunión estuvieron presentes, además del líder del Congreso y coordinador del PAN, los diputados Ernesto Leyva Córdova, del PRI; Félix Santos Bacilio, del PT; Erick Cotoñeto Carmona, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Luis Blancarte Morales, de Movimiento Ciudadano; Guillermo Aréchiga Santamaría, de Nueva Alianza, y Elías Abaid Kuri, del Partido Verde Ecologista de México.
La reforma cuenta con el aval de todas las fuerzas políticas quienes coinciden en torno a la necesidad de realizar este cambio lo antes posible, para que los ciudadanos tengan toda la certeza sobre este servicio y que a la brevedad sea dictaminada por el Congreso.
“De esta manera, los Poderes Ejecutivo y Legislativo unen esfuerzos para salvaguardar los intereses de la sociedad”, finalizó el boletín.