En el marco del Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre se hizo énfasis y se colocó como tema central de 2013 los “Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición” con el fin, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de incrementar la comprensión de los problemas y las soluciones en la lucha contra el hambre.
Justamente este año la discusión sobre los alimentos ha estado en el debate nacional debido a la pretensión en un inicio del gobierno federal de gravar de manera generalizada los alimentos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), al igual que a las medicinas, situación que finalmente no prosperó debido, entre otras cosas, a la movilización social, principalmente del Morena, que el mismo día en que se iba a enviar la iniciativa del Ejecutivo al Congreso mostró una vez más su capacidad de movilización y organización, iniciando ese día su lucha para impedir la reforma energética, que busca entregar Pemex al capital trasnacional a partir de quitar el obstáculo constitucional que hoy lo impide.
El debate actual a partir de la propuesta fiscal está centrado en el impuesto a las bebidas azucaradas; las empresas refresqueras no han escatimado recursos y argumentos con el fin de desmantelar la posición que, amparada en la salud pública, hoy coloca a la obesidad y a la diabetes como problemas de primer orden en el país. Habría que mencionar que los señalamientos de Pascual son pertinentes, en torno a mencionar que de no precisarse los conceptos las refresqueras podrían librarse o ampararse frente al nuevo impuesto, ya que utilizan para endulzar en la mayoría de los casos jarabe de maíz de alta fructosa en lugar de azúcar de caña para la producción de sus bebidas.
Los términos precisos en este caso son importantes, ya para evidencia está el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cuando se negoció en el capítulo agropecuario el tema del azúcar y los edulcorantes, que imposibilitó por varios años la exportación hacia Estados Unidos.
Si se busca reducir el consumo a partir de encarecer mediante el impuesto dichas bebidas y con ello contribuir a reducir la epidemia de obesidad y diabetes y/o destinar dichos recursos a la atención primaria del sistema de salud, la aplicación del impuesto va; ya lo analizábamos en una entrega anterior. El problema central es que además del impuesto habría que entrar a la valoración del sistema alimentario en su conjunto, ya que no sólo es el azúcar y sus excesos, sino la grasa, es decir la combinación es la que se vuelve explosiva.
Según la FAO, un sistema alimentario está formado por el entorno, las personas, las instituciones y los procesos mediante los cuales se producen, elaboran y llevan hasta el consumidor los productos agrícolas. Todos los aspectos del sistema alimentario influyen en la disponibilidad y accesibilidad final de alimentos variados y nutritivos y, por lo tanto, en la capacidad de los consumidores de elegir dietas saludables. Además, las políticas y las intervenciones relacionadas con los sistemas alimentarios rara vez se diseñan con la nutrición como objetivo principal. Por lo cual creemos nosotros que la industria alimentaria como parte de ese sistema y responsable directa de los alimentos procesados ofrecidos debe también colocarse en el debate, porque en sus manos está buena parte de la dieta consumida por la población.
No son suficientes las medidas impositivas para un problema tan complejo; habría que ampliar la discusión a los cambios que han existido en el patrón alimentario nacional, que ha derivado en la epidemia de obesidad y diabetes que hoy padecemos y la necesidad de normar dicha producción en función de una mejor nutrición.