Todo indica que el impuesto a los refrescos propuesto en la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre se aprobará, ya que dicho gravamen no sólo busca impactar en la reducción del consumo y por tanto en reducir el grave problema de salud, sino que existe una fuerte presión internacional para que se tomen medidas frente a la pandemia de obesidad y diabetes que padece la población mexicana.
Según datos de 2009, México era el mayor consumidor de refrescos en el mundo, con una cifra superior a los 163 litros por persona al año, superando a Estados Unidos, que para ese mismo año y fuente de información su consumo se ubicaba en 118 litros por personas al año. En 2012 la cifra había aumentado aun más: 234 litros por persona al año. Habría que buscar responder cómo se va dando el cambio del consumo de aguas frescas por el refresco y cómo la imposibilidad de consumir agua para hidratarnos, derivado de un problema de la potabilidad y abasto de la misma, ante el avance de la industria refresquera, nos coloca en situación de emergencia.
Lo anterior aunado a un patrón alimenticio alto en grasas transaturadas ha derivado en un problema de salud grave, derivando en una epidemia de obesidad y enfermedades como diabetes, hipertensión y otras.
La Secretaría de Salud ha reconocido desde hace ya varios años que el alto consumo de energía a través de las bebidas es una de las causas principales de la epidemia de sobrepeso y obesidad, además de que la falta de acceso a agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos ha sido uno de los más efectivos mecanismos de promoción del consumo de bebidas altas en calorías; por ello la demanda de diversas organizaciones sociales es que el impuesto a refrescos sirva para financiar el acceso a agua potable gratuita en todas las escuelas y para evitar el colapso financiero causado por la epidemia de obesidad.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos a desarrollar políticas integrales de combate a la obesidad incluyendo medidas fiscales. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, así como el relator especial de Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria, Oliver de Schutter, han recomendado al gobierno mexicano a establecer impuestos a los productos que contribuyen a esta epidemia, al tiempo que señalan que México pasa por una emergencia nacional por la epidemia de obesidad que vive (Oxfam México).
La respuesta de algunos involucrados no se ha hecho esperar. Por ejemplo, la Industria Refresquera Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, y otras asociaciones que han pagado algunos desplegados donde afirman que la justificación de salud para este impuesto no tiene fundamento, interrogándose sobre ¿quién pagará un impuesto adicional al refresco y otras bebidas saborizadas? Respondiéndose que los pagamos todos, por lo menos los que consumen refrescos sí, y que como consumidores de cada peso pagado, 35 centavos serían impuestos. ¿Qué tanto la población reducirá su ingesta al aumentar el precio entre 8 y 12 por ciento en función de la presentación? Todavía no lo sabemos; la industria señala que sus ventas caerán 20 por ciento, afectando obviamente a toda su cadena de insumos. El objetivo del impuesto es justamente impactar en el consumo, aunque la reducción efectiva del mismo deberá ir acompañada de otras medidas asociadas a los hábitos alimenticios, al control de la industria alimenticia y al cuidado de salud.