Aumentos en las tarifas de casi 700 por ciento, costos de contratación tasados en miles de pesos y suspensión del servicio por incumplimiento de pago son parte de las consecuencias de la privatización del servicio de agua potable en Aguascalientes, Saltillo, Cancún, Ramos Arizpe, Navojoa e Isla Mujeres, únicas ciudades del país que han permitido la entrada de capital privado bajo concesiones o inversiones mixtas.
Los problemas se han denunciado en diversos estudios, como el elaborado por la especialista Gloria Tobón de Garza bajo el título “La participación privada en los organismos operadores y el derecho humano al agua”, así como en información periodística que La Jornada de Oriente retomó ante la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo local para permitir la privatización del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, que brindan hoy en día los municipios del estado u organismos operadores como el SOAPAP.
En la revisión se encontró también el caso de Mexicali, Baja California, cuyo organismo público encargado de administrar el agua posicionó a esa ciudad del norte del país en el primer lugar nacional en cobertura, ya que brinda el servicio a 99.5 por ciento de su población, por lo que ese caso se utilizó como referencia de la correcta participación del sector público en el foro “Retos en la Gestión el Agua”, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en junio pasado.
Hasta el momento sólo las ciudades de Navojoa, del estado de Sonora; Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres, de Quintana Roo, y la capital de Aguascalientes, han cedido el servicio de agua potable al sector privado a través de concesiones otorgadas hasta por 30 años, como es el caso del último municipio. A su vez, en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, la inversión es mixta, ya que intervienen tanto el gobierno federal y municipal, así como el capital privado, según el análisis realizado por Gloria Tobón.
Cobros irregulares
Uno de los casos más problemáticos es el de Aguascalientes, en donde el sistema de agua se concesionó a la empresa Caasa, subsidiaria de la trasnacional francesa Vivendi, cuyas tarifas están entre las más altas del país, ya que han aumentado 683 por ciento de 1997 a la fecha.
Actualmente el metro cúbico cuesta a los habitantes de esa ciudad 7 pesos con 86 centavos, mientras hace 15 años la tarifa era de 1 peso con 15 centavos, según un estudio que elaboró Sergio Aguilar, presidente de la Asociación de Egresados del Instituto Politécnico Nacional en Aguascalientes.
El alza en los costos del servicio no se ha traducido en un manejo sustentable del recurso, ya que el acuífero del que depende Aguascalientes está a punto de agotarse, por lo que la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen alertó que será de las primeras ciudades del país que sufrirá una crisis de abasto de agua.
El esquema de inversión mixto tampoco ha arrojado buenos resultados, y como ejemplo se encuentra el caso de Saltillo, donde la empresa Aguas de Saltillo, vinculada a la española Aguas Barcelona, incrementó los cargos básicos de contratación de agua potable y drenaje entre 41 por ciento y 281 por ciento, resultando más perjudicados los habitantes de colonias populares.
El estudio “La participación privada en los organismos operadores y el derecho humano al agua” señala que del año 2001 a 2013 el costo de la contratación del servicio en esa ciudad del estado de Coahuila pasó de 2 mil 208 pesos a 8 mil 424 para el caso de las viviendas populares, y de 3 mil 318 pesos a 4 mil 705 en las residenciales.
Los incrementos en las tarifas también se reportan en Ramos Arizpe, donde el costo del servicio se duplicó en todos los rangos, existen amenazas de corte a quienes no paguen y cobros de adeudos no demostrados por la empresa.