El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, Gerardo Mejía Ramírez, adelantó que se retrasará la implementación de juicios orales hasta el próximo año, debido a que el gobierno del estado incumplió la construcción de infraestructura en las regiones de Huauchinango e Izúcar de Matamoros, por lo que no se encuentran listas para adoptar el nuevo sistema de justicia penal.
En esa lógica, consideró una “aberración” que el Poder Ejecutivo local evada su responsabilidad culpando del retraso al Senado, por iniciar los trabajos para crear un código procesal único para todo el país.
En entrevista, Mejía afirmó que es necesario que el Congreso autorice la prórroga solicitada por el mandatario local, Rafael Moreno Valle Rosas, en un periodo extraordinario, porque de no avalarse las dos regiones en cuestión entraría en “un vacío legal terrible”, ya que no podrían implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, oral y transversal, pero tampoco podría dirimir conflictos bajo el sistema inquisitivo actual.
El artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó en 2012 para permitir los juicios orales en el estado, determina que la nueva modalidad en la impartición de justicia aplicaría de manera escalonada; en Huauchinango el 17 de septiembre y en Izúcar el 18 de marzo de 2014.
El titular del Poder Ejecutivo estatal envió al Congreso una iniciativa de reforma a la normatividad para llevar a mayo de 2014 la implementación de los juicios orales en las dos regiones.
En el documento, que será discutido por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia este miércoles, el gobernador argumenta que la creación del código procesal único provocará una duplicidad en las normas procedimentales en el estado, por lo que es necesario posponer los juicios orales que hoy en día sólo operan en la región de Teziutlán.
Fracaso del gobierno
Mejía acusó que el gobierno del estado es el responsable de que fracasaran los juicios orales en dos regiones del estado debido a que no ha invertido en la instalación de las salas y le ha faltado planeación, mientras en el caso de Huauchinango el ayuntamiento se ha rehusado a donar el predio donde se construirán los juzgados.
Además, indicó que las omisiones cometidas por la administración estatal carecen de justificación, ya que el Congreso de Puebla fue el tercero de todo el país en adecuar el marco normativo del estado para permitir el uso del nuevo sistema.
El legislador anunció que solicitará a Luis Francisco Fierro Sosa, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Administración y Procuración de Justicia del estado de Puebla, los motivos de los retrasos durante la comparecencia que tendrá este miércoles ante los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración.
“Mañana (este día) el titular de Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Administración y Procuración de Justicia del estado de Puebla nos dará una explicación del por qué del retraso y nos tendrá que explicar también qué pasó con la capacitación del personal”, puntualizó el representante popular.