Año tras año, miles de jóvenes egresan de las diversas instituciones de educación media superior establecidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muchos de ellos darán por concluida su formación académica motivados por diversas razones, mientras que otros tantos más, optarán por ingresar a alguna institución de educación superior, llegando así a la etapa de opciones y elecciones educativas. Esta capacidad de elección comúnmente se relaciona con la posibilidad de inversión económica en estudios universitarios, es decir, a mayor capacidad de pago, mayor es el abanico de posibilidades tanto de programas académicos, como de instituciones educativas a los que podrá acceder un joven, esto sin considerar los apoyos financieros que las universidades pueden otorgar.
Ante el panorama anteriormente descrito y de acuerdo a los datos que proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los que señala que 45.5 por ciento de la población en México se encuentra en situación de pobreza, las opciones de acceso a la educación superior para dicho sector de la población se ve reducida a aquellas instituciones de gestión pública, cuyos programas educativos pueden ser cursados a menor costo debido a que el Estado le proporciona recursos para su operación. Estos recursos, sin embargo, son limitados, ya que de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en México se destina a la educación superior 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que se sitúa por debajo de la media de la OCDE.
Por un lado, las instituciones públicas de educación superior cuentan con recursos limitados, y por lo tanto, el número de matrículas que pueden ofrecer también es limitado; pero por otro lado, la demanda de espacios educativos a nivel superior en instituciones públicas ha crecido de manera sostenida, superando la oferta anual de las universidades públicas. Este crecimiento vertiginoso de demanda, contra el lento crecimiento de la oferta, ha dado como resultado el rechazo de miles de jóvenes que buscan un espacio para continuar con su formación académica, sea porque no aprobaron el examen o sea porque aún teniendo un puntaje alto, no hubo cupo para ellos.
Una vez que se dan a conocer los resultados de los exámenes de admisión, el panorama no cambia año tras año, pues se observan en las calles rostros decepcionados que sujetan la versión impresa que publican los diarios, se observan aquellos jóvenes que salen a las calles con mantas a pedir que sean aceptados, se ofrecen más espacios, pero no los suficientes para todos. Aquí le sigue la pregunta: ¿Qué harán aquellos que quedaron fuera? La respuesta la ofrece la OCDE: son jóvenes nini. Este organismo señala México tiene la tercera cifra más alta de jóvenes que no estudian ni trabajan, después de Turquía e Israel.
Este panorama parece ser un círculo vicioso que se repite cada año, y que se seguirá repitiendo si la educación superior sigue recibiendo limitadamente recursos. Es entonces que se deberá revisar profundamente qué aspectos requieren de mayor presupuesto (educación, por ejemplo) y cuáles deberán ser reducidos drásticamente (campañas políticas, por ejemplo).