Cartas a Gracia
Extraordinario correr tres horas de montaña en el en el Desierto de los Leones para cerrar tu preparación con vistas a la XXXI Edición Internacional de la Ciudad de México. Jocoso, que participaras al día siguiente en la “5ta. Carrera Atlética. La Procuraduría y tu familia en el Deporte 10K”, realizada en el circuito interior de Ciudad Universitaria. Sorprendente por el esfuerzo y por el lugar, por el grado de dificultad que, para quienes se ejercitan, representan las pendientes prolongadas de un inmenso bosque de pinos ( mil 866 hectáreas) en el que se asienta un parque nacional (15 de noviembre de 1917). Por si fuera poco, Gracia, el convento fundado por la orden de los carmelitas descalzos sirve de marco para la realización de diversas “actividades artísticas y culturales” y la parte baja, sitio espléndido, para degustar ricas quesadillas. Divertido porque con anterioridad habías corrido en un desierto pleno de vegetación, y, lo mismo, porque “el jefe Mancera” como le llaman sus subordinados, se abstuvo de correr y con él sus guaruras y porque figura decorativa, acompañada por la de José Ramón Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sólo se prestó para fines protocolarios, porque la agraciada mujer que “se sacó” el coche que rifara “la procu” se desmayó camino al pódium tras caminar cinco kilómetros en 40 minutos, caminando, porque el “Formulario de Registración” de BlackBerry se repartió con un error de dedo y porque, cual concierto de algún artista, podrías comprar una taza conmemorativa con la leyenda “Procurando el deporte 5, PGJ”, negocio posible de algún comandante.
“Entre la espada y la pared”, te comentaba, Gracia, se encuentran los titulares de los despachos educativos de la entidades que integran el pacto federal. Entre la espada porque producto de “una doble negociación salarial”, señalada y reconocida como tal por el Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado presentado en julio de 2013 por la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, las autoridades educativas locales deben responder a las demandas que formulan mediante pliego petitorio, las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo mismo que a las que enarbola la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras sus movilizaciones y que “derivan en el otorgamiento de prestaciones no apoyadas presupuestalmente por el gobierno federal hecho que, ante las debilidades de las finanzas estatales, provoca su pago indebido con los recursos del FAEB. Asimismo, dichas prestaciones difieren en cada entidad federativa y no son públicas.”. Entre ellas el pago de los 90, o más días de aguinaldo, días adicionales, diferentes tipos de estímulos por diversos conceptos como los reconocimiento por años de antigüedad, prestaciones pactadas localmente y; la pared, representada por el órgano de fiscalización, quien tiene como referentes a principios dispuestos en la Ley de Contabilidad y Gasto Público, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública (1946), el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992), la Ley de Egresos y el “Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).”.
Por si no fuera suficiente con los enemigos, Gracia, los pomposamente llamados secretarios de Educación, chivos llevados al matadero, deben lidiar con burocracias que, o bien responden a intereses particulares o de grupo, o resultan a todas luces ineptos para la función que les contratan, puesto que, abunda la ASF, existe un número creciente de “trabajadores no localizados en los centros de trabajo”. La Auditoría Superior, Gracia, señala que “se determinó que en 19 entidades federativas no sé actualizaron los movimientos y adscripción del personal o los responsables de los centros de trabajo no mantienen actualizados los expedientes del personal, es decir, no existe certidumbre y calidad en los registros del personal”. El origen estriba en un derecho que los y las trabajadoras de la educación ejercen para mejorar sus condiciones de vida y que “por descuido” de los gestores sindicales y/o de los funcionarios involucrados genera que el personal docente ejerza su trabajo en un sitio diferente al que aparece en nómina, cuestión que permite, adicionalmente, graves abusos de personal que cobra pero no labora o que se encuentra comisionado a programas insubsistentes, otrora oficiales, y que se niega a retornar a su centro de trabajo original.
El diagnóstico, Gracia, emite a manera de conclusiones, una serie de recomendaciones que es indispensable tomar en consideración si se quisiese, por parte de los actores involucrados, de manera local y federal, transparentar el ejercicio de un gasto que represento “en ese lapso (2011) 58.6 por ciento del Ramo General 33; 45.0 por ciento de las transferencias condicionadas, y 26.2 por ciento del gasto federalizado (incluidas las participaciones federales) de ese periodo”, que se destina 95 por ciento al pago de sueldos y salarios, que tiene la característica de ser irreductible pero que no incorpora gastos contingentes como los derivados de las revisiones contractuales y “las ampliaciones presupuestarias, por lo que diversas entidades federativas inician su ejercicio con menos recursos de los que ejercieron en el año anterior.”. La ASF sugiere acordar con el Sindicato el establecimiento de una “sola negociación salarial”, pactar el pago de “nuevos estímulos, bonos y compensaciones pactados en las negociaciones salariales estén asociados con un indicador de calidad y de logro en el rendimiento educativo.”, lo mismo que “Impulsar una reforma en las leyes locales, de las entidades federativas correspondientes, para que sean los entes ejecutores quienes administren los recursos del fondo, así como para que les sean transferidos de forma ágil y oportuna. Esta acción favorece una gestión transparente del fondo”.