Cartas a Gracia
Sólo 19 días, tres semanas, un entrenamiento largo y dos domingos te separan de la XXXI Edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México, gran premio a un esfuerzo largamente acariciado, Gracia. Tras tu participación en dos medios maratones, triunfos en dos carreras cortas, participarás en una competencia reservada sólo a 10 mil atletas (42 kilómetros), clasificatoria, por primera vez en su historia, para el maratón de la ciudad de Boston. El Distrito Federal se vestirá de gala y el cuestionado y ponderado jefe de gobierno del Distrito federal participará, se especula, en la competencia como lo hacía antaño, y aunque rodeado seguramente por sus guaruras, como dicen que lo exige la seguridad de un gobernante. Para el aprendizaje de Manuelito Youshimatz, el Instituto del Deporte (IDDF) y la Secretaría de Turismo del Distrito Federal (Sectur DF) anuncian un programa “que presenta tarifas hoteleras especiales para que los participantes en este acto y acompañantes se queden, hagan turismo y visiten sitios “representativos de la capital del país”, entre ellos el Centro Histórico, el Museo de Antropología, la Plaza de las Tres Culturas, las Pirámides de Teotihuacán, a la Basílica de Guadalupe, Xochimilco y Ciudad Universitaria, (http://www.mexicocity.gob.mx/detalle_evento.php?evento=21831); destaca la propuesta para disfrutar de la variada gastronomía que ofrece una de las ciudades más grandes del mundo.
Culpado por la crisis económica que padeciesen en pasados recientes gobiernos como el de Aguascalientes y Michoacán, y anteriormente los de Oaxaca y Tlaxcala, Gracia, sustento de la demanda que presentase la administración de Miguel Alemán Velasco, gobernador de Veracruz (1998–2004), en contra de las Secretarías de Educación y Hacienda y Crédito Público por la falta de la entrega de recursos para cubrir prestaciones de personal transferido y terceros institucionales (8 mil millones de pesos), centro de la disputa entre entidades ganadoras (11) y perdedoras (18) en razón de que las segundas transfieren permanentemente recursos medidos de manera porcentual a las primeras, como lo muestran cuadros de distribución a partir de 2011, meollo artificial para el logro de mayores recursos a partir de un reporte de gasto de las autoridades locales no verificado por las autoridades federales –componente de la fórmula, C4–, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) se ha convertido en un referente obligado para tirios y troyanos, incluidas autoridades educativas federales y locales, vigilantes oficiales y oficiosos del ejercicio presupuestario, trabajadores y trabajadoras de la educación afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes reclaman mayores recursos federales que cubran demandas y necesidades de los diversos actores del quehacer educativo nacional.
Producto de reglas de operación poco claras o francamente contradictorias que se remontan al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB, 1992) la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo es una constante en la que incurren quienes operan los recursos federales en las entidades, las autoridades locales y entre ellas las educativas. Leyenda negra, la conseja popular presume que recursos FAEB transferidos se destinan a solventar gasto corriente de las entidades en tanto reciben participaciones federales (“pago de impuestos estatales”). Especula, que caja chica de administraciones locales, reserven fondos para el financiamiento de la nómina del personal docente y de apoyo a la educación de origen estatal y a cubrir necesidades de las administraciones de las entidades federativas (“gastos de operación que no se corresponden con los objetivos de fondo”), a campañas políticas y procesos electorales, otorguen compensaciones de manera discrecional, paguen nómina, aguinaldo y prestaciones complementarias (90 u hasta 120 días), estímulos de trabajadores y trabajadoras de la educación de origen estatal y federalizado, paguen sueldos y compensaciones a personal de niveles de media superior y superior incluida la tecnológica, mandos medios y superiores de las Secretarías de Educación locales, cubran sueldos y salarios de personal comisionado tanto de SNTE como de CNTE, lo mismo que personal comisionado a otras dependencias gubernamentales (“En 2011, en sus auditorías, la ASF determinó que había 6 mil 402 comisionados al sindicato con oficio de comisión, a los que se les realizaron pagos por mil 411 millones de pesos; asimismo, 666 trabajadores fueron comisionados a otras dependencias y se les otorgaron pagos por 136.2 millones de pesos”, diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación), partidos políticos, organizaciones no gubernamentales o inclusive a quienes prestan servicios personales (choferes y ayudantes de casa particular), refaccionen gastos de publicidad diferente a la autorizada para dar difusión a los programas de educación básica, cubran costas por uniformes deportivos y traslado de personas incluidos asuntos políticos (“pago, con los productos financieros, de programas o conceptos no financiables con el FAEB”), otorguen ayudas a particulares y a las cúpulas sindicales prohibidas expresamente por el “Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del FAEB”.
Derivadas de usos y costumbres reconocidas por la legislación laboral, interpretación transferida a las autoridades locales en virtud del proceso para la descentralización de los servicios educativos y ser ser pagos cubiertos por las autoridades federales –comisionados de origen federal anteriores al ANMEB, 1992–, sujetos obligados a pesar de no recibir de primera mano los recursos federales que son entregados a las Secretarías de Finanzas de los estados, las autoridades de educación de las entidades se encuentran entre la espada y la pared, Gracia.