En la biografía del Estado mexicano, el año de 1859, y en particular el mes de julio, resulta clave para comprender su formación y consolidación. En efecto, a lo largo de ese año y ese mes –además de la muerte de Benito Juárez, ocurrida el 18 de julio de 1872–, se emiten las llamadas “leyes de reforma”, que determinan, por un lado, la separación del Estado de la iglesia y, por el otro, consolidan el carácter laico del incipiente Estado mexicano, condición que se mantendrá hasta la fecha a pesar de las acechanzas de la derecha que reiteradamente ha intentado someter las acciones de los aparatos del Estado a los principios y prejuicios religiosos y de que, recientemente, asistimos a una especie de boom de las ideas religiosas puestas al servicio de los fines personales de políticos de diversos partidos.
El 15 diciembre de 1857, apenas 15 días después de haber tomado posesión de la presidencia de la República, Ignacio Comonfort decidió escuchar el canto de las sirenas y apoyado por la derecha y el clero decidió darse a sí mismo un golpe de Estado con el expediente simple de desconocer la Constitución aprobada por el Constituyente en 1857. Al no reconocer Juárez el golpe y sostener la vigencia de la Constitución, asumió el cargo de presidente, pues el texto constitucional señalaba que correspondía al presidente de la Suprema Corte de Justicia suplir las faltas temporales o definitivas del presidente. De esta manera, al mantenerse Juárez dentro de la legalidad se convierte en presidente legítimo, lo que resultó inaceptable para la derecha, que lo desconoce y, ante los titubeos de Comonfort, en enero de 1858 decide nombrar “presidente” al general Félix Zuloaga, iniciándose así la desigual Guerra de Reforma, ya que los conservadores, además del financiamiento de la iglesia y de la clase acomodada del país, contaban con el Ejército regular y oficialidad profesional; en cambio, los liberales con escasos recursos tuvieron necesidad de improvisar la mayor parte de los mandos militares.
Después de año y medio de guerra civil, en julio de 1859 Juárez –que desde el 4 de mayo de 1858 había llevado la Presidencia al puerto de Veracruz, “donde no había conventos ni demasiadas iglesias”–, reconociendo lo determinante que resultaba la separación de la iglesia y el Estado en la conformación de la Nación, decidió emitir tres leyes y un decreto que forman parte de las que más tarde se conocerían como las Leyes de Reforma. El 12 de julio se emite la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; el 28 de ese mismo mes, la Ley del Matrimonio Civil; el 31 de julio la Ley orgánica del Registro Civil y el 31 de julio se emite el decreto de la secularización de los cementerios.
Más tarde, el 4 de diciembre de 1860 se promulga la Ley sobre la Libertad de Cultos; el decreto sobre los días festivos y la prohibición de asistencia oficial a la iglesia, se emite el 11 de agosto de 1859 y los decretos de secularización de los hospitales y el de la supresión de las comunidades religiosas se emitieron el 2 de febrero de 1861 y el 26 de febrero, respectivamente.
La separación de las iglesias y el Estado, la laicidad, no es mera anécdota ni capricho jacobino, es producto de la historia del país y eso la hace legítima y respetable. Romper o intentar romper el Estado laico, como recientemente lo han hecho el gobernador de Chihuahua y Veracruz, y los presidentes municipales de Monterrey, Guadalupe y Benito Juárez en Nuevo León o el de Ensenada en Baja California, atentan contra un legado histórico del pueblo de México, y actitudes como esas pueden conducir a la oscuridad del medievo.