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ara congratulación de los republicanos, el Senado de Estados Unidos aprobó agregar mil 126 kilómetros más de muro (costo de 30 mil millones de dólares) en nuestra frontera del norte y aumentar la vigilancia fronteriza con México con 20 mil nuevos elementos, además de un generoso presupuesto de 3.2 miles de millones de dólares para aviones, helicópteros, sensores (térmicos, infrarrojos, sísmicos) y barcos. Habrá un policía en cada 80 metros de la frontera compartida. Los conservadores de allá creen que militarizando la frontera se cerrará el flujo de emigrantes hacia se país.
En 1986 se promulgó una ley (Simpson–Rodino) para regularizar a los inmigrantes no documentados que residían en EU, pero no se consideró que las visas de trabajo ofrecidas no correspondían a sus requerimientos laborales. Dos años después de firmar el Tratado Comercial con México, el presidente Bill Clinton firmó una ley que militarizaba la frontera común y criminalizaba a los inmigrantes no documentados (Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante); con fundamento en esa ley se crearon 5 mil nuevas plazas de policías, se aumentó el presupuesto para vigilar la frontera, se incorporó tecnología militar de punta y se construyeron muros. Esa política anti migratoria no menguó el tránsito no documentado hacia ese país, en parte porque la mitad de ese flujo ingresó documentadamente; por otra, porque son necesarios para lograr el “sueño americano” y la rentabilidad empresarial (remuneraciones inferiores al salario obligatorio; tributan 50 veces más que lo que reciben del Estado; no hay costo de reproducción de la fuerza laboral para la sociedad estadounidense).
A partir de la militarización de la frontera sur de EU en 1996, se han ejecutado varios programas para contener los flujos (Mantenga la línea, Guardián, Salvaguarda y Río Grande), no obstante, se incrementó el ingreso indocumentado hacia ese país y fue la crisis económica de 2007 la que los contuvo, no las bardas ni la Policía Migratoria. La militarización de la frontera ha aumentado el costo del ingreso asistido, la permanencia de los inmigrantes en aquel país, aumentado el daño físico y psicológico de los inmigrantes, los torna más vulnerables en la defensa de sus intereses laborales, civiles y humanos, pero no ha impedido los flujos laborales que su mercado requiere.
La militarización de la frontera es más propia de enemigos acérrimos que de dos socios comerciales, mucho más cuando uno de ellos se autodefine como paradigma de la democracia y defensor de los derechos humanos. Hace un año, cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la presidencia de la República, le prometió al gobierno estadounidense abrir Pemex al capital estadounidense en la modalidad de asociación entre empresa pública y privada, que entre otras virtudes garantiza a la empresa privada el no pago de impuestos ni de daños por contaminación ambiental y/o pérdida de biodiversidad. Hoy el Senado estadounidense agradece la venta de garage militarizando la frontera, y alineado como siempre, Peña Nieto no protesta contra esa artera agresión.