La Amedi, a través de su capítulo Puebla, hizo un llamado al Congreso del estado para modificar la Ley de Ingresos del próximo año.
La Amedi consideró que de aprobarse como está habría un obstáculo para que la gente tenga acceso a la información, particularmente a la relativa con el gasto de la administración estatal.
Su presidente local, Rafael Hernández García Cano, sostuvo a través de un comunicado que los diputados deben modificar los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos que propuso el gobierno de Rafael Moreno Valle, pues validarán una “herencia” de la pasada gestión estatal y de la actual Legislatura con la adición de un párrafo que inhibe la transparencia administrativa:
“La información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a la operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal que, en términos de las disposiciones aplicables no exista impedimento para proporcionarla, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo al pago de los derechos a que se refiere el inciso A de esta fracción”.
En otras palabras, lo que esto quiere decir es que cada ciudadano que desee hacer una solicitud de información sobre el gasto público del gobierno del estado deberá pagar cantidad económica que, según se ha manejado, será de 80 pesos por solicitud.
La Amedi sostuvo que, tal como está la redacción de ese documento, las dependencias estatales o entidades de la administración pública a las que se les solicite la información estarán obligadas únicamente a entregar una copia certificada, nunca los originales.
Hernández García Cano señaló que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla le permite al solicitante decidir la modalidad en la que prefiere que le sea entregada la información requerida: mediante copia certificada o copia simple, de manera electrónica o incluso verbalmente.
“La Amedi considera que esta limitación constituye un candado que obstruye el ejercicio del derecho de acceso a la información y atenta contra los principios que regulan este derecho fundamental, tomando en cuenta que el costo de una copia certificada puede generar pago de derechos que limite su práctica”, sostuvo.
Otra limitante, abundó, es que en caso de que estos artículos no sean modificados, los solicitantes de información deberán acreditarse con su CURP, “lo que inhibe también el ejercicio de un derecho que debe realizarse sin necesidad de acreditar interés alguno”.
