El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, evitó el día de ayer contestar si el gobierno del estado y la Arquidiócesis de Puebla están trabajando para reincorporar a la comunidad cristiana de San Rafael Tlanalapan, luego de que la feligresía católica determinó su expulsión de esa junta auxiliar de San Martín Texmelucan.
El jerarca católico fue entrevistado e intentó evitar referirse al conflicto religioso que se padece en San Rafael, pero en lo poco que declaró aseguró que “la cosa está tranquila” en aquella comunidad, donde católicos amagaron con crucificar cristianos, amén de quemar sus casas y cosechas.
Agregó el arzobispo que la Arquidiócesis poblana trabaja con la administración que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas para “calmar las cosas y que todo esté en paz”.
–Monseñor, ¿cuál es su postura ante lo que pasa en Tlanalapan? –le cuestionaron.
–Está tranquilo, se está tranquilizando la cosa –respondió escueto.
–Pero dicen que se expulsó a los cristianos, ¿qué dice usted de esos hechos? –le insistieron.
–Bueno, ya di mi comunicado, ¡eh! –manifestó cortante.
Pero esto (el ultimátum de expulsión) sucedió el martes (13 de septiembre) de esta semana (el comunicado se emitió el domingo 11 del mismo mes) –replicó la reportera que lo entrevistaba.
–Ya hice mi comunicado, se está trabajando el gobierno del estado, un servidor y la Arquidiócesis estamos tratando de calmar las cosas y que todo esté en paz– respondió el jerarca, notablemente incómodo.
–¿No buscarán la reincorporación de los cristianos a su tierra? –le preguntaron
–Bueno, mucho gusto en saludarlos, ¡eh! –contestó tajante Sánchez Espinosa, dando por concluido el tema.
No obstante, su reticencia a abordar el caso de Tlanalapan, arguyendo que tenía que viajar a Teziutlán, el arzobispo de Puebla se dio tiempo para explayarse en la explicación sobre la incorporación de un mariachi para acompañar la misa de ayer y el origen de esta licencia aprobado en el Concilio Vaticano Segundo.
También se refirió a la llegada de las reliquias de Karol Wojtyla, pronosticando que habrá una “misa multitudinaria” en el atrio de la catedral y también en el Seminario Palafoxiano, donde los restos serán honrados.
Sánchez Espinosa también recordó que la celebración eucarística de este domingo la ofreció por la “paz en Puebla, en México y en el mundo”.
El pasado jueves el director del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, Óscar Castro Soto, consideró que el Arzobispado de Puebla –encabezado por Víctor Sánchez Espinoza– debía exigir explicaciones al párroco de San Rafael Tlanalapan, Ascensión Benítez González, por la supuesta incitación de la comunidad católica en contra de un grupo de 70 familias cristianas.
Asimismo, precisó que es urgente que la iglesia católica realice un llamado al ecumenismo, con la intención de promover el respeto a la libertad de culto de toda la población –perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan– donde hasta ahora 70 familias de evangélicos viven en constante zozobra por las agresiones contra ellos y sus propiedades por la intolerancia religiosa.
“La iglesia tiene la obligación de mandar a pedir cuentas al párroco por las declaraciones que, entiendo, se han hecho al respecto. En todo caso debería removerlo de ahí, entiendo que es un párroco de edad avanzada, pero se tiene que tomar una decisión, lo más sano posible que permita restituir la vida en comunidad y la normalidad comunitaria”, señaló Castro Soto.
En entrevista con La Jornada de Oriente, hecha por el reportero Arturo Alfaro, el director del IDHIE puntualizó que la Secretaría General de Gobierno (SGG) debe adoptar una postura más proactiva para la restitución de la vida comunitaria y “apaciguar los ánimos” entre los pobladores católicos, quienes han hostigado a las familias cristianas.
“La autoridad debe tomar cartas en el asunto para la libre expresión religiosa en las personas. Este asunto debe tratarse como un delito y garantizar que las personas retornen a su comunidad y apaciguar los ánimos. Que vayan las autoridades a la comunidad para establecer un mecanismo de diálogo, porque se trata de una violación a la Constitución y a la Ley para la Libertad de Cultos Religiosos”, señaló Castro Soto.
