El secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Roberto Alonso Muñoz, declaró ayer que es un retroceso en materia de derecho a la información la facultad otorgada al titular de la Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Sergio Ramírez Robles, para demandar a los comunicadores que incurran en daño moral en agravio del gobernador o cualquier otro funcionario de la administración estatal.
En una nota publicada este jueves en el portal e–consulta, el especialista en derecho a la información explicó que en Puebla no están dadas las condiciones para que un funcionario demande a un periodista aun cuando sea con el fin de lograr la reparación del daño correspondiente.
Estimó que las reformas al Código Civil de Puebla en materia de difamación y calumnia aún están incompletas.
“Se puede considerar un retroceso a la libertad de expresión, toda vez que con estas medidas adoptadas por el gobierno estatal se aplicaría la autocensura, ya que las condiciones laborales de los reporteros no permiten reparar el daño ni llevar largos procesos legales”, consideró Alonso Muñoz.
Entre los problemas de fondo destaca que las modificaciones realizadas no incluyen la figura de una Ley de Responsabilidad Civil, lo que limita la defensa de los comunicadores y que no existe una reglamentación sobre el daño que se hace de manera involuntaria.
Para la Amedi los servidores públicos deben entender que su función los expone a las críticas y opiniones que pueden contrariar sus intereses futuros y no necesariamente son expuestas con malicia.
Aun cuando la facultad otorgada a Sergio Ramírez “va en sintonía” con las modificaciones al Código Civil propuesta desde el inicio de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, el daño moral no debería proceder a menos que se compruebe que hubo malicia efectiva o “total despreocupación del periodista” al no acreditar o verificar la información que publica y daña a un funcionario.
Otro de los problemas, según el secretario de la Amedi, radica en la opacidad en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, ya que sus publicaciones no están disponibles en versiones digitales, ni existe acceso a ellas a través de internet, lo que dificulta que esta información se conozca.
Los diputados de la LVIII Legislatura deben “equilibrar” la situación para no desproteger al gremio periodístico, ni a la libertad de expresión, por lo que deben ejecutar las modificaciones necesarias.
El pasado lunes 25 de julio se dio validez jurídica a un acuerdo del gobernador Rafael Moreno Valle por medio del cual la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del estado de Puebla dota a Sergio Ramírez Robles de personalidad jurídica para proceder en términos legales en contra de quien cause daño moral a un funcionario estatal.
La fracción XIV del artículo segundo señala que la nueva Dirección de General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del estado de Puebla podrá “ejercer los derechos a los que se refieren los artículos 1958, 1958 Bis y demás relativos del Código Civil (…), respecto de las acciones del gobierno, sus dependencias, entidades, el gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública, así como las acciones legales necesarias para hacerlos efectivos; sin que ello excluya las acciones que pudiera ejercer directamente el afectado”.
