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Jueves, 14 de julio de 2011
La Jornada de Oriente - Puebla - Educación
 
 

Sexoservidores sufren violencia y extorsión en juzgados calificadores: Marco Moreno

 
JAVIER PUGA MARTÍNEZ

El abogado Marco Moreno, de la Asociación Jurídica Juvenil de Puebla, afirmó que por las noches se desata una red de corrupción en los juzgados calificadores del ayuntamiento capitalino, a donde son enviados hombres y mujeres por el “delito” de ejercer la prostitución. En estos juzgados no sólo son violentados sus derechos y garantías individuales, sino que tanto policías como juzgadores cobran favores sexuales para liberar a travestis y sexoservidoras.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el litigante afirmó que no son 20 las personas detenidas en el municipio por ejercer la prostitución, sino que la Policía Municipal diariamente realiza operativos en contra de los servicios sexuales y por lo menos un travesti o prostituta es enviada a algún juzgado capitalino, padeciendo esa violencia.

Se trata, dijo, de un problema de clandestinidad de la justicia municipal, pues para evitar vejaciones y más daños físicos tienen que acceder a todas las peticiones de los servidores públicos, quienes aplican amenazas de que “les va a ir peor” si denuncian o se quejan de estos abusos, por lo que prefieren acceder a “pagar” antes de ser nuevamente víctimas de represalias terribles.

Las actas y registros de los juzgados son alterados o simplemente borrados para no dejar rastro de estas ilegalidades, “y desde luego no van a dejar ahí sus nombres, pues están salvando sus vidas”, subrayó el abogado.

Moreno expuso que una de las características del gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez es anteponer el uso de la violencia como primer acto de control de habitantes y grupos sociales, y esto es lamentable, pues existen mil formas de tratar con los ciudadanos antes de usar a la policía. “Eso es fascismo”, señaló.

Esta particularidad se torna más riesgosa cuando los agentes de una Policía como la de Puebla no tienen capacitación para tratar con gays, lesbianas o prostitutas; en sus centros de formación policial, los agentes deberían tener más perspectiva de género y en derechos humanos, indicó.

 

Absurdo, criminalizar la prostitución

El hecho de que la prostitución esté clasificada en el Código Reglamentario Municipal de Puebla (Coremun) como una “falta administrativa”, sólo pone en evidencia la falta de conocimiento de las autoridades panistas sobre este tema, así como la necesidad de discutirlo, aseguró el abogado, ya que no se trata sólo del ejercicio de la prostitución en sí, sino también de las condiciones en que se ejerce y de quienes la consumen.

En Puebla este oficio está criminalizado, lo cual calificó como “absurdo”, pues se aborda como algo clandestino y oscuro, poco regulado, y quienes acceden a ella se ven expuestos a infecciones, no nada más a contagio por Virus de Inmunodeficiencia Humana; por eso, el tema tiene que abordarse de forma integral y no sólo con instrumentos jurídicos que tienen las mismas perspectivas que había en la década de los años 50 del siglo pasado, consideró.

La prostitución se debe legalizar, afirmó Moreno, quien subrayó que se le debe dar un tratamiento desde los derechos humanos de las personas que la ejercen y la practican, pero el gobierno municipal también debe dejar de satanizarla como si sólo los homosexuales o prostitutas fueran los únicos portadores de enfermedades.

“Puebla, por ejemplo, es un estado con alta migración, pero para el gobierno no es lo mismo meterse con migrantes que con prostitutas. Rivera Pérez se aprovecha de la vulnerabilidad de este grupo y del concepto que tiene de estas personas, dándoles una imagen que no les corresponde”.

Señaló que el de Rivera Pérez es un gobierno conservador que está cumpliendo con una agenda moral y vaticana, privilegiando en su plan de gobierno a “la familia” y no a los problemas de la ciudad. Tachar la libertad sexual y a la población que ejerce su sexualidad como algo malo y pandémico es un signo de estigmatización similar al que aplicaron los nazis contra los judíos el siglo pasado, dijo.

Finalmente, el abogado urgió al edil a abordar este tema desde una perspectiva amplia, con la participación de especialistas y de la sociedad en su conjunto, en vez de aplicar un sistema inquisitorio. “Eso que lo haga en su casa, en su templo o en su vida privada. Aquí tiene que actuar de forma integral y coordinada, y no nada más porque es el alcalde”.

 
 
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