A ocho días de que venza el plazo que estableció el Congreso local para poner en marcha los juicios orales en Puebla, el gobierno del estado planteó a los diputados prorrogar la puesta en marcha del nuevo sistema penal hasta el 15 de enero de 2013.
La administración estatal sugirió el aplazamiento a través de una reforma al Código de Procedimientos Penales que presentó al Poder Legislativo el viernes pasado, como parte de un paquete de iniciativas en materia judicial.
La propuesta responde a un llamado que realizaron los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, quienes pidieron postergar los juicios orales alegando que carecían de los recursos económicos, humanos y técnicos para cumplir su realización el 18 de junio próximo, como se había programado.
En ese sentido, la iniciativa sugiere postergar la fecha fatal un año y siete meses, con el compromiso de que el nuevo sistema penal quede listo en su totalidad a mediados de 2016.
Arrancará en Teziutlán
Dentro del paquete que turnó el gobernador Rafael Moreno Valle el viernes pasado, el cual a su vez se canalizó a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio, está una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se define el calendario que seguiría el Tribunal Superior de Justicia para realizar los juicios orales.
El nuevo esquema de impartición de justicia iniciaría en la región judicial Oriente, que comprende los distritos de Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y San Juan de los Llanos.
Según estimaciones de la Dirección del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Poder Judicial tendría que invertir más de 200 millones de pesos en infraestructura y capacitación en la región de Teziutlán para lograr el propósito de la reforma.
La siguiente región judicial que transitaría del sistema escrito al oral sería la norte, compuesta por los distritos de Xicotepec de Juárez, Zacatlán, Alatriste y Huauchinango. El inicio del nuevo esquema se programó en esta zona para el 17 de septiembre de 2013.
En 2014, el Tribunal Superior de Justicia continuará la puesta en marcha de los juicios orales en la región sur de Acatlán, Chiautla y Matamoros (18 de marzo), así como en la sur–oriente de Tehuacán, Tecamachalco y Tepexi (17 de septiembre).
El nuevo esquema llegaría a la región centro–poniente de Huejotzingo, Cholula y Atlixco el 17 de marzo de 2015, mientras que la región centro de Tepeaca, Tecali y Puebla tendría que esperar hasta el 17 de junio de 2016.
El calendario se definió de tal manera que permitiría a Puebla cumplir con la realización de los juicios orales al 100 por ciento, antes de que venza el plazo de ocho años que fijó el Congreso de la Unión para la instalación y funcionamiento de los tribunales de juicio oral en los estados, el cual concluye el 18 de junio de 2016.
Entramado
Dentro de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, propuesta por el Ejecutivo, también se considera crear centrales de diligenciarios con el fin de evitar actos de corrupción y brindar más trasparencia a las funciones de los actuarios.
Asimismo, propone poner al día a la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia para fortalecer los procesos de autoevaluación y control en la gestión de recursos, así como crear juzgados especializados en extinción de demonio.
En la reforma al Código de Procedimientos Penales se sugiere incorporar la figura de juez de ejecución, quien se encargaría de organizar, ejecutar y modificar las sanciones de los condenados; responsabilidad que actualmente corre a cuenta del Poder Ejecutivo.
A la par, el gobernador del estado presentó una iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social que busca disminuir la población penitenciaria y terminar con la discrecionalidad de la autoridad administrativa en el otorgamiento de beneficios preliberacionales.
Dentro del paquete de reformas en materia penal y judicial también se encuentra una iniciativa que modifica diversas disposiciones del Código de Justicia para Adolescentes para elevar los índices de reinserción social.
