Que siempre no. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que siempre no se hizo ninguna acusación directa a Blanca Alcalá Ruiz ni a su gobierno sobre un presunto daño patrimonial de mil 984 millones de pesos, sino que sólo fueron “presunciones” de anomalías por que alcanzaban esa cantidad.
Ante el escándalo en que se convirtió el proceso de entrega–recepción, y la todavía inexplicable reducción en el monto de las supuestas anomalías a sólo 700 millones de pesos, reculó y ahora su postura intenta ser conciliadora con su antecesora, de quien dijo no hay ruptura política con ella ni tampoco campaña de linchamiento.
“No hay de mi parte, ni hay en el dictamen aprobado en el cabildo, un señalamiento hacia su persona. Es importante que quede en claro que no estamos juzgando ni estamos afirmando que haya un daño patrimonial o desvío de recursos, sino que son conclusiones presuntivas (sic). No tenemos la autoridad para decir que hay un daño patrimonial, o más aún, una irregularidad”.
Reiteró que el cabildo de Puebla sólo está facultado para emitir observaciones y será el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, así como la Contraloría municipal, los que se encargarán de sancionar cualquier anomalía.
Hasta hace unas semanas, la postura de Eduardo Rivera Pérez era de llegar hasta la última instancia y consecuencia en las anomalías que heredó
Ya dependerá de los funcionarios de la pasada administración defenderse y presentar las pruebas para aclarar las observaciones, “y si son subsanadas, todos felices y contentos”.
Lo que sí reconoció el alcalde es que tanto los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) como los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han cometido una serie de errores y declaraciones “desafortunadas”, en alusión al señalamiento que hizo el regidor “perredista” Arturo Loyola quien la víspera señaló que hubo “lavado de dinero público” en el gobierno de Alcalá Ruiz.
“Hay que hacer de este tema algo más técnico y jurídico y no algo mediático”, señaló el acalde de Puebla, entrevistado ayer por la mañana tras la inauguración de un acto empresarial en el Centro Expositor.
Este miércoles, Loyola afirmó que la administración de Blanca Alcalá Ruiz cometió “lavado de dinero público” con la entrega de contratos a despachos de asesorías que pertenecen a amigos y familiares. A pesar de la gravedad de esta acusación, Loyola no presentó pruebas para sostener su dicho y se reservó el derecho a presentar una denuncia ante las instancias federales.
En franca contradicción con lo declarado por Rivera Pérez, para Loyola y el resto de los regidores del PAN el proceso de entrega–recepción del gobierno municipal dejó en evidencia de que fue un “auténtico cochinero y una cloaca”.
En tanto el PRI insistió en que se duplicó ilegalmente el acta de entrega–recepción, algo que el PAN hasta ahora no ha podido demostrar lo contrario.
