Al grito de “no están solos”, unos 5 mil habitantes del municipio de Izúcar de Matamoros cerraron filas en torno al Comité Ciudadano que se opone a la reapertura de la fábrica de agroquímicos Dragón.
Ayer por la tarde, miles de niños, mujeres, jóvenes y ancianos marcharon por las calles de este lugar para expresar de nueva cuenta su repudio a Agricultura Nacional y al grupo de regidores –encabezados por el síndico Luis Paredes Guevara–, que exigen la reapertura de la fábrica, cerrada hace más de un año tras el estallido de 300 kilos del insecticida dimetoato.
En este municipio de la Mixteca poblana, a 80 kilómetros al sur de la capital, existe el temor de que el presidente municipal, Carlos Gordillo Ramírez, haya sido “comprado” por Agricultura Nacional pues en los últimos días la postura de este respecto a la reapertura de la fábrica se ha ido flexibilizando, al pasar de un rotundo no a la posibilidad que reinicie operaciones si no hay materiales tóxicos.
Al respecto, el vocero del Consejo Ciudadano, José Rincón Bravo, afirmó que el movimiento en contra de Dragón está preparado para un revire del edil. Sin embargo, confiaron en que el alcalde mantendrá su postura y no traicionará ni sus principios ni a su gente.
Consideró que Gordillo Ramírez tiene el apoyo de la población y en caso de que cambiara, “la gente se lo cobraría”.
Afirmó que en estos momentos la empresa se encuentra custodiada por granaderos, y aunque parece inminente su reapertura, con la marcha de este miércoles se le está enviando un mensaje al gobernador, Rafael Moreno Valle, de que el rechazo es total.
Admitió que se están radicalizando los discursos y las posturas de quienes están a favor y en contra de la empresa, pues mientras los empleados de la agroquímica han tomado el edificio del ayuntamiento y los miembros del Consejo Ciudadano exhiben públicamente a quienes no están a su favor.
Esto sólo es una muestra de que podría desatarse una violencia de la cual sólo sería responsable el gobierno del estado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la propia empresa, subrayó.
Recordó que la empresa está exigiendo un pago de 183 millones de pesos, de los cuales 61 millones se los reclama al Consejo Ciudadano y el resto al ayuntamiento de Izúcar, al ex presidente de Izúcar, Rubero Galileo Suárez Matías, y al ex diputado Melitón Lozano Pérez por daños y perjuicios tras el cierre de la fábrica.
Indicó que el próximo 27 de junio tendrán una audiencia de conciliación con la empresa en un juzgado federal, pero adelantó que por parte del consejo no habrá acuerdo alguno con Agricultura Nacional.
En ese tenor señaló que no tiene miedo de terminar en la cárcel por la acción legal que emprendió la poderosa agroquímica, “aunque por el movimiento y la salud y la vida de los izucarenses vale la pena cualquier esfuerzo”.
Sin embargo, indicó que el movimiento de resistencia ciudadana y pacífica tiene todos los elementos para poder ganar el pleito legal con Dragón y así será demostrado en las próximas semanas.
La concentración de ayer en el zócalo de Izúcar de Matamoros fue una de las más numerosas hasta ahora; ahí quedó en evidencia que la población acudió por voluntad propia y no por “acarreo”, y los asistentes permanecieron atentos a los discursos que rechazaban la reapertura de Dragón.
Algunas mujeres aseguraron que están haciendo conciencia en sus hijos de los peligros del uso de sustancias químicas, mientras que los campesinos que acudieron exigieron al gobierno estatal programas que incentiven el uso de fertilizantes orgánicos, así como de técnicas de cultivo menos agresivas con el agua y la tierra, pues esto no es prioridad de la administración de Moreno Valle.
