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Viernes, 5 de noviembre de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla - Estado
 
 

17 mujeres fueron denunciadas por abortar; cuatro ya fueron consignadas: ONG

 
AMÉRICA FARÍAS OCAMPO

De marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) inició 17 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, una de ellas, de tan sólo 12 años de edad. Del total, cuatro fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla, denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

La representante de esta organización no gubernamental, Natalí Hernández Arias, explicó que dichos datos se obtuvieron por una solicitud de acceso a la información que se hizo a la dependencia.

Ayer, las activistas realizaron una protesta contra las reformas antiaborto que se han aprobado en 16 estados del país afuera de las instalaciones de la representación del gobierno poblano en el Distrito Federal.

Allí, denunciaron que “en Puebla se vive un lamentable y evidente clima de persecución contra las mujeres”.

Asimismo, manifestaron su repudio y desaprobación hacía el gobierno encabezado por Mario Marín Torres, debido a que ha “violentado los derechos y libertades de las mujeres poblanas”.

Hernández Arias explicó que esta protesta forma parte de las actividades acordadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres –diciembre de 2009– que firmaron 90 organizaciones feministas de los 16 estados que han modificado sus constituciones para penalizar el aborto.

Durante la protesta, las activistas denunciaron que desde que el Congreso local aprobó la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte –marzo de 2009– las autoridades que dicen “impartir justicia en Puebla”, lejos de cumplir con su obligación, han acentuado la persecución y criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo.

Un ejemplo de esto –abundaron– es el caso de Alejandra Gómez Sánchez,  de 21 años de edad, a quien la Procuraduría General de Justicia del estado le inició un proceso penal por el delito de aborto, siendo detenida y hostigada por el Ministerio Publico.

De acuerdo con la información sobre las denuncias por aborto proporcionada por la PGJ, de las 17 averiguaciones previas que se iniciaron de marzo de 2009 a abril de 2010, cinco se ejecutaron en Tehuacán; dos en los municipios de Puebla, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y Tepeaca, y una en Tehuitzingo, Huauchinango, Teziutlán y San Martín Texmelucan, respectivamente.

El rango de edad de las mujeres que fueron denunciadas ante la PGJ por interrumpir su embarazo en el estado oscila entre los 12 y 37 años de edad.

Las activistas señalaron que son preocupantes las decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Puebla, pues denotan una franca obediencia a los designios de las cúpulas eclesiásticas, en abierta violación al carácter laico del Estado mexicano.

Por ello, expresaron su rechazo a “las acciones que, fundadas en las morales de unos cuantos y que carecen de sentido ético y legal, se justifique la persecución y encarcelamiento de las mujeres en la entidad”.

Los miembros de Ddser exigieron libertad inmediata a todas las mujeres encarceladas de manera injusta por interrumpir su embarazo; acciones efectivas de educación sexual con bases científicas, sobre todo en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad y marginación, a fin de evitar embarazos no deseados y por ende la necesidad de abortos.

Asimismo, demandaron facilitar el acceso a métodos anticonceptivos a las mujeres poblanas y respecto al derecho que tienen las féminas a decidir de manera libre y voluntaria sobre su vida reproductiva y su maternidad.

 
 
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