En febrero pasado, un amigo dueño de un club hípico tocó en la noche la puerta de este tecleador, y luego de buscar las palabras precisas, me acabó contando que una voz anónima, que se identificó como un “comandante” de Los Zetas, le exigió una cantidad mensual a cambio de darle protección y no atentar contra su familia. El extorsionador le comentó: “estamos contactando a todos los negocios de la Recta a Cholula, y sobre todo a los que les va bien”.
Semanas más tarde, una supuesta agente del Ministerio Público (MP) del área de Delitos Culposos buscó insistentemente a un directivo de La Jornada de Oriente para supuestamente auxiliarle en la solución de un conflicto jurídico. Cuando el autor de esta columna se acercó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a investigar cuál era ese problema que se debía resolver en el MP, se topó con la historia de que esa mujer tenía una larga lista de profesionistas que había extorsionado de la misma manera.
Ese mismo día me enteré por boca de funcionarios de la PGJ que a un colega que conduce por la mañana uno de los noticieros de mayor audiencia de la ciudad de Puebla, no hace mucho, lo habían obligado a depositar entre 50 y 80 mil pesos en una cuenta de Banco Azteca a cambio de que no le hicieran daño a su hija, a quien supuestamente habían puesto en el teléfono para que escuchara su llanto. Al final era mentira el supuesto secuestro, pero se acabó concretando la extorsión.
Y unos meses atrás, a la familia de un directivo de La Jornada de Oriente le había pasado lo mismo: los obligaron a entregar dinero mediante una transferencia bancaria para no agredir a una joven adolescente que es su hija. Afortunadamente no le ocurrió nada.
Esos hechos me hicieron entender que Puebla no está ausente del tipo de delitos del crimen organizado que han inundado el norte del país. Apenas se da uno la vuelta y resulta que mucha gente cercana o conocida ha sido víctima de ilícitos que hasta hace poco parecían alejados de nuestra realidad, como es el hecho de que le pidan a uno dinero para que no le quemen la casa, no secuestren a nuestros hijos, no nos asalten, no suframos extorsiones o nos despojen de un auto en la espera de la luz verde en un semáforo.
Por eso es entendible que en la encuesta que este día presenta La Jornada de Oriente, 57 por ciento de la población opine que la inseguridad pública ha aumentado con relación a los niveles de hace un año.
Ahora, con espasmo, hemos conocido la noticia de que don Sergio Reguero Placeres, quien encabezó muchos años El Heraldo de México en Puebla y ahora es director general del periódico Puebla Sin Fronteras, fue amenazado por presuntos integrantes de Los Zetas con que si no paga protección para “blindar” a su diario, habrá hechos de sangre contra quienes ahí laboran o contra familiares de los editores.
Cuando supe la noticia le externé mi solidaridad a Gerardo Pérez García, el director de Puebla Sin Fronteras, y el comentario fue:
“Tenemos que estar preparados para enfrentar esa nueva realidad y que no es como lo cuentan las autoridades, de que en Puebla ‘no pasa nada’”.
Gerardo Pérez me explicó lo ocurrido y me aseguró que no era una historia inventada para querer ganar notoriedad. Al respecto le contesté:
“Claro que te creo, no es un hecho aislado lo que les pasó, son muchas las historias que todos los días se escuchan de conocidos de este tipo de ilícitos. Yo me pregunto: ¿ustedes son los primeros periodistas de Puebla que amenazan los supuestos Zetas”.
Frente a este escenario, creo que vale la pena hacer las siguientes reflexiones:
1. La opción para enfrentar dicha circunstancia no es ni caer en la exageración de las noticias relacionadas con los hechos delictivos, pero tampoco caer en el extremo opuesto de la actitud del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de querer culpar a la prensa de crear la idea de que en México está desbordado el problema de la delincuencia y la violencia.
Es fundamental que los periodistas no nos quedemos callados frente a lo que está ocurriendo en el país y en el estado de Puebla, describiendo puntualmente lo que ocurre. Informar no aumenta ni disminuye la delincuencia.
Sin embargo, sí se guarda silencio, lo único que se provoca es que aumente la impunidad que priva en el país y permite que la mayor parte de los delitos del fuero común y federal que a diario ocurren no se investiguen y mucho menos se castiguen.
2. Es fundamental demandarle a los tres niveles de gobierno que no agoten sus esfuerzos de combate a la violencia solamente con estrategias de corte policiaco, ya que mientras no se reduzca la pobreza, no se podrá controlar la violencia.
Una prueba de lo anterior es que en los últimos 10 años los presupuestos destinados al rubro de seguridad pública se triplicaron, y el caso es que la delincuencia no ha decrecido. En cambio, el crecimiento de la violencia parece ser proporcional al ensanchamiento de las desigualdades sociales.
En Puebla hay más de 160 mil jóvenes ninis, ya que son muchachos que no trabajan y tampoco estudian. Hasta la fecha, yo no conozco una política pública que esté atendiendo ese severo problema. Los institutos que se han creado para ocuparse de los problemas de la juventud son elefantes blancos, cuyos directivos se caracterizan por su frivolidad e ignorancia.
3. Es fundamental no perder el espíritu de solidaridad y exigir que se investiguen las amenazas contra el periódico Puebla Sin Fronteras. No es solamente un asunto de amistad, sino de responsabilidad social, de demandar a la Procuraduría General de Justicia que busque frenar el crecimiento de la delincuencia organizada y evitar que trastoque la estabilidad social y política del estado de Puebla.
