En lo que va de 2010, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha iniciado 17 averiguaciones previas relacionadas con el delito de trata de personas en Puebla.
El titular de esta dependencia, Rodolfo Igor Archundia, detalló que de esas 17 averiguaciones, 14 fueron consignadas ante el juez y una ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de Justicia.
Durante el Foro sobre Atención y Asistencia a Víctimas de Trata de Personas, organizado por el Congreso local para el fortalecimiento de la iniciativa de ley que se prepara en la Comisión de Equidad y Género desde marzo pasado para prevenir, atender y sancionar la trata de personas en la entidad, el procurador de Justicia reconoció que Puebla es “un punto importante para el tráfico de personas”.
Datos de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal refieren que muchas de las redes de tráfico de personas que operan en la capital del país provienen de otros estados de la República, en particular de Puebla, Tlaxcala y el estado de México, en donde se trata de “industrias familiares” que se dedican a dicha actividad ilícita desde los abuelos.
Elvira Luna Pineda, directora general de Estrategia, Análisis y Seguimiento de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, alertó que México es el país “preferido” de las redes criminales de trata de personas, porque de aquí las envían para Estados Unidos, que es su principal centro de negocios.
En su ponencia mostró un mapa de las rutas del tráfico de personas que tienen estas bandas criminales.
Los grupos criminales dedicados a explotar a las personas laboral y sexualmente ocupan al menos dos rutas en Puebla para cometer sus ilícitos; la primera parte desde Puebla para llegar al norte del país, con el fin de internar a las víctimas a los Estados Unidos o bien desde ahí llevarlas a las Bahamas y España.
Durante el foro, los participantes cuestionaron a la funcionaria respecto a que si el personal de la Procuraduría General de la República tiene bien ubicadas las rutas de las redes criminales del tráfico de personas, por qué no ha podido combatir a los grupos de la llamada “esclavitud del siglo XXI”.
La funcionaria respondió que la falta de coordinación entre el Poder Judicial local y federal, la corrupción entre los funcionarios públicos sobre todo entre agentes migratorios, aduanales, Policía, los trámites engorrosos, así como la escasez de capacitación entre los agentes del Ministerio Público ha frenado que se avance en la atención del delito de trata de personas.
“Por lo general pensamos que los tratantes siempre van a actuar de manera clandestina; sin embargo, muchas de las victimas entran y salen de los países con pasaportes, papeles y boletos de avión; qué está pasando, porque muchas víctimas se trasladan de un país a otro y nadie las detecta, entonces también debe haber funcionarios que actúen con honestidad, honradez, con ética, tenemos que trabajar mucho en eso, sin asegurarlo, algo aquí puede estar pasando”, señaló.
“Tenemos muchísimos problemas –abundó– con el Poder Judicial, con los agentes del Ministerio Público, porque falta capacitación. Muchas veces nos llegan a clasificar los delitos como lenocinio, corrupción de menores, incluso hemos tenido casos donde nos dicen: esto no es un delito, esto pasa aquí siempre, ellas son prostitutas, es más les gusta, y si no hacen eso a qué se van a dedicar”.
Luna Pineda explicó que otro factor que ha frenado el avance en la atención a este delito es que muchas de las víctimas no interponen una denuncia por miedo a que los tratantes se desquiten con sus familias, por falta de información, porque están privadas de su libertad o porque desconfían de la Policía o de los agentes del Ministerio Público.
Patricia Hidalgo Elguera, legisladora de la fracción del PAN y miembro de la Comisión de Equidad y Género, refirió que en Puebla es irrisorio el castigo para el delito de trata de personas, que incluye comercio sexual, explotación laboral y tráfico de órganos.
En la entidad sólo se sanciona con una pena de cuatro a nueve años de prisión a una persona que trafica con humanos, es decir, la condena es tres veces menor que la pena máxima considerada para prevenir y sancionar este delito, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Malinalli García Ruiz, diputada del PRI, indicó que se buscará que la pena que se imponga a aquellas personas que comercialicen con menores de 18 y mayores de 60 años pase de cuatro a 18 años de prisión, y se castigue con mayor severidad a las personas que soliciten servicios sexuales con las mujeres que son utilizadas para explotación sexual.
