El Consejo Ciudadano de Izúcar de Matamoros, que es la organización que se opone a la permanencia de la fábrica de plaguicidas Dragón, reprobó el resultado presentado por los investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo sobre el análisis que hizo a esta empresa como consecuencia del accidente del pasado 23 de marzo.
Los habitantes llegaron a la conclusión de que el trabajo de Chapingo se trató de una labor para favorecer a Agricultura Nacional, propietaria de la fábrica, ya que no sólo se dejó de lado la toma de muestras del agua, el aire y la tierra de la región para determinar su grado de contaminación, sino que los investigadores nunca tomaron en cuenta un documento fundamental: el estudio de impacto ambiental del cual Dragón carece.
Por lo pronto, la empresa no será reabierta, garantizó el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Rubero Galileo Suárez Matías, quien sostuvo a los ciudadanos reunidos ayer por la tarde en una asamblea que no concederá la licencia de funcionamiento ni el uso de suelo, documentos indispensables para que la agroquímica pueda volver a operar.
El edil afirmó que el caso de Dragón está “judicializado”, pues si bien el séptimo tribunal colegiado del estado de Puebla le concedió un amparo a la empresa, este ayuntamiento solicitó la revisión de ese amparo, por lo que habrá que esperar a lo que determinen los magistrados.
Pero para los ciudadanos la postura es inamovible y el rechazo a Dragón es rotundo, aunque reconocieron la necesidad de aplicar alguna serie de medidas para continuar su lucha en contra de la fábrica, entre éstas están la convocatoria a una consulta pública para que sean los habitantes quienes decidan la permanencia de la empresa; convocará a los ciudadanos para que presenten denuncias ante el Ministerio Público contra la empresa por los daños provocados tras la explosión del 23 de marzo y se llamó a una nueva marcha para el 2 de agosto, la cual encabezará el propio Suárez Matías.
Además, el Consejo Ciudadano de Izúcar de Matamoros se constituirá en una asociación civil para obtener su personalidad jurídica y ser interlocutor válido de las demandas ciudadanas.
“Dragón no representa
ningún peligro”
De acuerdo con el resumen del “Diagnóstico Socio–Ambiental de la empresa Agricultura Nacional”, en poder de este diario, los investigadores de Chapingo Pedro Ponce Javana, Gerardo Noriega y otros afirman que “no se tiene evidencia para concluir que exista a largo plazo impactos adversos a la salud o al ambiente, como consecuencia del accidente ocurrido”.
También señalan que por el tipo de productos que se mezclan en Agricultura Nacional no hay posibilidad de la formación de dioxinas –la sustancia más cancerígena del planeta–, “por lo tanto no hay modo de que la salud y el medio ambiente se vean afectados por este tipo de sustancias”.
Además, sostienen que “los casos de cáncer y las malformaciones genéticas que se tienen documentadas por parte de las instituciones de salud no permiten identificar alguna relación directa con las actividades de la planta Dragón”.
En el caso del dimetoato –la sustancia que presuntamente estalló la noche del 23 de marzo pasado tras un sobrecalentamiento–, “no hay posibilidades de contaminación en las aguas y el suelo, se degrada rápidamente en el ambiente”.
Asimismo, sostienen que fue “verificada la operación de la planta Dragón y no representa ningún peligro a la comunidad”.
Sin embargo, los investigadores recomiendan que la empresa “deberá asegurar que sus operaciones no tengan ninguna afectación (sic) y cumpla con todas las disposiciones que en materia de riesgo la autoridad ambiental tiene contempladas” (sic).
Podría abrir en un mes
Contrario a la postura del alcalde de Izúcar de Matamoros, el secretario de Gobernación del estado, Valentín Meneses Rojas, validó las conclusiones a las que llegaron los investigadores y afirmó que Dragón cumple con las condiciones para seguir operando en este municipio.
El funcionario incluso adelantó que en un mes más la empresa podría entrar nuevamente en funcionamiento, al descartarse el riesgo de daño ambiental y a la salud. Agregó que Agricultura Nacional deberá garantizar la seguridad de sus 200 trabajadores.
Meneses Rojas anticipó que la empresa tendrá todas las garantías para continuar con sus labores, pues no descartó el uso de la fuerza pública para retirar a los integrantes del Consejo Ciudadano, quienes mantienen un campamento de vigilancia desde hace más de tres meses para evitar que Dragón reanude operaciones.
Afirmó que mantiene el diálogo con los representantes del Consejo Ciudadano, grupo al que redujo a una participación de sólo 50 personas.
