De acuerdo con datos oficiales de las secretarías de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Puebla ocupa el cuarto lugar en cuanto a ocupación laboral infantil, al estimarse que en la entidad unos 245 mil menores de edad están trabajando; además, se calcula que 63 por ciento se emplea sin recibir un salario a cambio; es decir, el beneficio económico queda en manos de adultos.
Los anteriores datos muestran, una vez más, que en México hay un Estado fallido como consecuencia de que no se aplican las normas básicas, como son los preceptos constitucionales que prohíben la explotación laboral infantil y que establecen que los niños deben tener acceso a la educación básica de manera obligatoria y un correcto desarrollo integral.
En Puebla y en el resto del país los tres niveles de gobierno, junto con la sociedad, se muestran indiferentes frente al tema de la explotación laboral de los infantes. Nadie hace nada para evitar que miles de menores deambulen en las calles de vendedores, de limpiaparabrisas, mendigando o haciendo diversos oficios, entre los que son frecuentes los abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Cuidar a la niñez debería ser el punto de partida de los tres niveles de gobierno para buscar un desarrollo armónico del país, preservar el Estado de Derecho y aspirar a que en el futuro se mantenga la estabilidad social y política, pero queda claro que los gobernantes no entienden la trascendencia de procurar mejores condiciones de vida a los menores de edad, y que sus errores a quienes más dañan son a los infantes.
