El miércoles 30 de junio la Asamblea de Representantes en Estados Unidos aprobó con amplia mayoría el proyecto de reforma financiera, que se discutirá el 12 de julio en el Senado de dicho país. Entre las medidas principales que incluye, se destacan: la disminución de las inversiones y las transacciones riesgosas de los bancos. Cabe señalar que desde 1999 se aprobó que los bancos comerciales participaran en operaciones que eran exclusivas de los bancos de inversión (ya que desde 1933 tales instituciones estaban separadas, realizando funciones diferentes, donde la banca comercial se dedicaba exclusivamente a actividades de operaciones de depósitos y préstamos, y las actividades de inversión, eran exclusivas de la banca de inversión). Cuando se permitió que todas las instituciones bancarias y financieras podían realizar todo tipo de operaciones financieras, dio lugar al desarrollo de actividades especulativas, y a la introducción de nuevos instrumentos financieros de alto riesgo, que aumentaron la inestabilidad del sector financiero, que desembocó en la crisis de dicho sector, de la cual aún no se sale. La reforma aprobada, está encaminada a disminuir las inversiones riesgosas de los bancos comerciales, aunque no pretende limitar a los bancos las operaciones de inversión. Éstos podrán seguir vendiendo productos de inversión, por lo que deja la puerta abierta a que se continúen con las prácticas especulativas.
Otra de las medidas consideradas es que se instaurará una supervisión de los créditos hipotecarios, y de las tarjetas de crédito, a fin de evitar que se destinen créditos (hipotecarios y al consumo) a sectores insolventes, lo que estuvo presente en la crisis que estalló en 2007 y 2008. Esta medida no va al fondo del problema, que son los bajos ingresos de las familias que cayeron en cartera vencida, tanto en las hipotecas, como en las tarjetas de crédito. No se dice nada, ni se instrumenta política alguna encaminada a incrementar el empleo y el ingreso de los trabajadores, por lo que el problema de insolvencia sigue estando latente.
Se darán poderes para nacionalizar instituciones financieras en quiebra, y se facilitará la división de grandes bancos en unidades más pequeñas, en caso de peligrar el sistema financiero. Es importante que se proceda a facilitar el tránsito de los grandes bancos, hacia unidades más pequeñas, ya que la crisis ha acentuado el proceso de centralización del sistema bancario, por lo que los grandes bancos, han pasado a tener más poder, lo que hace más difícil su control por parte de las instituciones gubernamentales encargadas de supervisar a dicho sector. Plantear que se nacionalizarán a las instituciones en quiebra, en caso de peligrar el sistema financiero, implica la socialización de las pérdidas, práctica muy común en todos los países. Lo que debería incluir la reforma financiera son las medidas de política económica que aseguren niveles de rentabilidad en el sector productivo, para que los flujos de inversión se canalicen a este sector, y no opten por prácticas especulativas que ofrece el sector financiero. Asimismo, se debería asegurar el flujo de ingresos de los deudores, para evitar caer en insolvencia, y en fragilidad bancaria.
Se pretende limitar la capacidad de los bancos para invertir ahorro garantizado por el Estado en fondos de alto riego. Ello es importante, más no suficiente para evitar otro crisis. Se debe controlar el destino de los recursos financieros, los cuales en los últimos años han relegado al sector productivo, y han preferido el crédito especulativo hacia los mercados financieros, como al consumo, y a las hipotecas. Si no se canalizan créditos hacia la esfera productiva y a la generación de empleo de alta productividad y alto ingreso, seguirá el sector financiero rebasando al sector productivo, y los problemas de insolvencia seguirán latentes, así como la inestabilidad financiera.
La reforma incluye evitar rescates a las grandes instituciones financieras a costa de los contribuyentes. El problema de ello, es que en cada crisis, el sector que se rescata, es el que origina la crisis, es decir, el sector financiero, lo que evidencia el gran poder económico y político que tiene. De hecho, la reforma aprobada, dejó fuera medidas de mayor control y supervisión a dicho sector. No se contemplan los impuestos a la movilidad del capital financiero, por el cual varios países de Europa se han pronunciado. Dicho capital no quiere que se limite su libre movilidad, la que se da en función de buscar mejores opciones de inversión, y al hacerlo, termina desestabilizando a los mercados financieros de donde sale. La libre movilidad de los capitales, hace que los gobiernos apliquen políticas a favor de tal capital, para que no se vaya de su país, lo que implica dejar de tener margen de maniobra para flexibilizar la política económica a favor del sector productivo y del empleo.
Las medidas que comprende la reforma financiera en los Estados Unidos no terminarán con las prácticas especulativas que realiza el sector financiero, ni reestructuran a dicho sector para que canalice créditos hacia sectores productivos y a la generación de empleo. La salida a la crisis, pasa por subordinar al sector financiero a favor de la economía real, y del pleno empleo, así como por instrumentar políticas que acompañen y viabilicen dicho proceso, y eso no se considera en dicha reforma financiera.
