Con el fin de prevenir abusos contra niños y mujeres en Puebla y de tipificar el delito de trata de personas como grave, miembros de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local presentarán una iniciativa para crear la ley para prevenir y sancionar el comercio de personas en el estado.
Patricia Hidalgo Elguera, legisladora de la fracción del PAN y miembro de la Comisión de Equidad y Género, refirió que en Puebla es irrisorio el castigo para el delito de trata de personas, que incluye comercio sexual, explotación laboral y tráfico de órganos.
En la entidad sólo se sanciona con una pena de cuatro a nueve años de prisión a una persona que trafica con humanos, es decir, la condena es tres veces menor que la pena máxima considerada para prevenir y sancionar este delito, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) .
Malinalli García Ruiz, diputada del PRI, indicó que se buscará que la pena que se imponga aquellas personas que comercialicen con menores de 18 y mayores de 60 años pase de cuatro a 18 años de prisión, y se castigue con mayor severidad a las personas que soliciten servicios sexuales con las mujeres que son utilizadas para explotación sexual.
La legisladora priista refirió que la trata de personas es el segundo negocio con más ganancias ilícitas a nivel mundial.
Abundó que a nivel estatal no se tiene una base de datos “confiable” que indique la situación real sobre la trata de personas. Sin embargo, existen datos de un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS) en el cual se ubica a Puebla como un punto de cruce de dos rutas que utilizan bandas dedicadas al tráfico de personas para la prostitución.
Irma Ramos Galindo, diputada de la fracción del PRD y también miembro de la Comisión de Equidad y Género, señaló que a nivel local la Procuraduría General de Justicia sólo ha reportado dos casos de trata de personas en lo que va del año, cifra que no refleja la realidad de lo que está sucediendo en Puebla, pues tan sólo en tres meses, la legisladora tiene conocimiento de más de cuatro casos.
La diputada perredista señaló que uno de los factores por los que en Puebla los datos oficiales sobre trata de personas son ínfimos es porque no se están denunciando los delitos, y porque las autoridades, pese a que existe el problema, lo omiten.
De acuerdo con un análisis comparativo que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre legislaciones de 21 estados que reconocen y castigan el delito de trata de personas, el marco jurídico de Puebla registra varias deficiencias, por lo que abren campo para una reforma en la materia.
Tan sólo en lo que respecta a conductas tipificadas, la ley federal en la materia, el Código Penal de Colima y la legislación que en la materia aprobó recientemente el Congreso de Chiapas, enuncian ocho verbos mientras que Puebla sólo sanciona seis conductas.
Sólo ocho marcos normativos estatales se encuentran alineados en mayor medida con la definición del Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pero Puebla no se encuentra dentro de ese grupo.
De las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 13 no incluyen los medios comisivos: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.
