La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha turnado a la Procuraduría General de Justicia el caso de varias financieras que cometieron fraudes contra sus clientes por haber la sospecha de que pudieron utilizarse para lavar dinero del crimen organizado.
Esa sospecha está fundamentada, pues hasta ahora los dueños de esas compañías y las autoridades no han podido explicar por qué esas financieras en los últimos años tuvieron ingresos cercanos a los 2 mil millones de pesos y no tenían el suficiente número de usuarios, o de depósitos, que justificaran esas cantidades de dinero.
Además, resulta sorprendente que el número de personas que han demandado a dichas compañías, lo ha hecho por montos que no se ajustan a los altos ingresos de las empresas. Eso plantea un par de preguntas básicas: ¿De dónde salió el total de los fondos de las financieras?, y ¿por qué se perdió la mayor parte de los fondos, que ahora no pueden ser regresados a quienes invirtieron en tales establecimientos?
Si estas compañías tuvieron condiciones favorables para recibir ahorros e inversiones sin estar reguladas ni fiscalizadas, es entendible que también pudiera haber llegado dinero de procedencia ilícita y que se intentara blanquear en actividades inmobiliarias, mineras o de servicios financieros.
Tal situación plantea, una vez más, que había autoridades que sabían lo que ocurría en esas compañías, y que seguramente no hicieron nada para frenar los fraudes debido a que podrían haberse estado viendo beneficiadas en esas operaciones.
