Los empresarios inmobiliarios Alejandro, Rafael y Gabriel Posada Cueto han sido acusados por más 100 habitantes de San Andrés Cholula y Ocoyucan –de acuerdo a un recuento del Movimiento de Pueblos Cholultecas (MPCH)– por el delito de despojo desde 2002; sin embargo, la red de corrupción que han tejido entre autoridades municipales y estatales, así como jueces, agentes del Ministerio Público, notarios y abogados, ha propiciado que hasta el momento ninguna de las querellas lograra la recuperación de los terrenos.
Para los constructores del fraccionamiento Lomas de Angelópolis y el centro comercial Palmas Plaza, la justicia ha sido rápida y expedita, tanto que a través de sus operadores lograron tirar más de 95 denuncias que pesaban en su contra, así como encarcelar a por lo menos 10 pobladores que se negaban a vender sus tierras, de acuerdo con información del Movimiento de Pueblos Cholultecas.
Para los afectados, los juicios en contra de los Posada Cueto se convirtieron en una batalla en la que tuvieron que enfrentar la compra de abogados, jueces y autoridades de todos los niveles de gobierno, así como amenazas, pleitos familiares por la posesión de tierras y por encarcelamientos arbitrarios.
Justicia comprada
Los primeros litigios en contra de los Posada Cueto se interpusieron en 2002, año en el que los empresarios iniciaron operaciones en San Andrés Cholula y Ocoyucan para apropiarse de los terrenos que albergaría años más tarde uno de sus desarrollos inmobiliarios más ambiciosos, Lomas de Angelópolis.
Las actividades de compra y coacción se llevaron a cabo en cuatro de las seis juntas auxiliares de San Andrés Cholula –San Antonio Cacalotepec, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santa María Tonanzintla y San Francisco Acatepec–, así como en la cabecera municipal de Ocoyucan, Santa Clara Ocoyucan.
De acuerdo con los integrantes del Movimiento de Pueblos Cholultecas, organización que se dedica a defender las propiedades de pobladores en la zona metropolitana de Puebla, en 2007 existían más de 100 litigios contra los empresarios, quienes son propietarios de Inmobiliaria Cagliari y Nantes Inmobiliaria; sin embargo, a la fecha sólo cinco personas mantienen las querellas, dos de las cuales están sujetas a investigación del Ministerio Público por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena y robo.
“Somos pocos los que hemos resistido la coacción, las intimidaciones y el tráfico de influencias”, afirma la ciudadana Catalina Romero de Martino, quien de manera individual se encuentra en disputa jurídica ante la justicia federal para recuperar un terreno de dos hectáreas que se localiza en San Pedro Cacalotepec y sobre el cual se construyó parte de Lomas de Angelópolis.
Romero de Martino es propietaria de los predios Atlmonamiqui, de siete hectáreas, y Tecal, de dos hectáreas, que compró durante el mes de diciembre de 2000 a la institución financiera Bancomer por 800 mil pesos.
La madre de familia relata su historia en el terreno que logró salvar, Atlmonamiqui, el cual colinda con la segunda sección del fraccionamiento Lomas de Angelópolis y es vigilado las 24 horas por personal que contrató para evitar que los empresarios se adueñen de la propiedad.
El “martirio”, relata la mujer, comenzó en julio de 2008, cuando fue citada como tercera perjudicada en el amparo 522/2008 sobre la propiedad de siete hectáreas.
La agente del Ministerio Público de San Andrés Cholula, María Ema de la Luz Saavedra, le informó, a través de esa notificación, que la justicia tomaría en garantía la propiedad debido a que uno de los anteriores propietarios, José Juan Saúl Macuitl Coamani, estaba acusado de falsificación de documentos.
La querella, prosigue, la emprendió la hermana de Saúl Macuitl Coamani, quien acusó que no fue llamada al juicio sucesorio intestamentario de su padre y la agente del Ministerio Público admitió la denuncia, pese a que los derechos de la quejosa habían prescrito.
“Mientras enfrentaba el juicio por Atlmonamiqui recibí constantes amenazas de parte de Rafael Posada Cueto, quien me mandó a decir a través de un intermediario que aceptara el dinero que me estaba ofreciendo, pues de lo contrario le compraría a la verdadera dueña y a mí me ‘rompería la madre’.
“Yo me negué a hacer tratos con ellos, y cuando acudí a ver mis terrenos resulta que ya habían destruido un puente que utilizaba para acceder a éstos. En Atlmonamiqui ya habían levantado una barda perimetral y en Tecal ya estaban construyendo como si el terreno fuera de ellos”, refiere.
Catalina Romero afirma que la situación jurídica de sus propiedades dio un giro cuando Saúl Macuitl Coamani, el anterior acusado, presentó una denuncia sobre el predio Tecal por falsificación de acciones, obligaciones y documentos de crédito público.
Nuevamente, la agente del Ministerio Público De la luz Saavedra falló en su contra al mandar a asegurar el terreno, impidiéndole realizar movimientos traslativos de dominio mientras durara la investigación.
Tras cinco amparos –dos interpuestos contra el ayuntamiento de San Andrés por omisión– y un juicio reivindicatorio contra Inmobiliaria Cagliari, Nantes Inmobiliaria y Grupo Lomas de Angelópolis, Romero de Martino recuperó el terreno de siete hectáreas denominado Atlmonamiqui, pero continúa en litigio Tecal.
Mientras conduce a La Jornada de Oriente al terreno en disputa, sobre el cual se pueden observar cajones de estacionamiento y áreas verdes de uno de los clusters de Lomas de Angelópolis, la madre de familia e hija de abogados señala que se encuentra a la espera de que el Juzgado Segundo de Cholula resuelva el juicio reivindicatorio a su favor, al tiempo de enfatizar que no está dispuesta a llegar a ningún trato con los Posada Cueto.
“Esas personas se creen dueños de todo, pero no pueden seguir despojando al que se les cruza en el camino; por eso yo no busco ningún arreglo, tienen que entender que existen límites y que esta es mi tierra y que no voy a descansar hasta recuperarla”, sostiene.
Ante los juicios que existen en contra del ayuntamiento de San Andrés Cholula por omisión en el caso de los Posada Cueto, el director de Asuntos Jurídicos de ese municipio, Jesús Manuel González Luviano, rechaza las acusaciones y defiende a la administración del alcalde David Cuautli.
En entrevista con este periódico, el funcionario municipal señala que los permisos de construcción del fraccionamiento Lomas de Angelópolis los autorizó la gestión de Omar Coyópol Solís; además, responsabiliza a las notarías públicas de la incertidumbre jurídica que prevalece en los terrenos que se encuentran en disputa, debido a que algunas han emitido diversas escrituras por el mismo predio.
No todos los habitantes de San Andrés Cholula que se enfrentaron a los Posada Cueto corrieron con la misma suerte de Catalina Romero. Entre los desafortunados se encuentra Cruz Mitznahuatl Cuatzo, quien fue obligado a vender su terreno en 2007 tras pasar ocho días en prisión bajo los delitos de robo y daño en propiedad ajena.
Durante una entrevista con este rotativo indica que si un campesino no quería vender y colocaba valla a su terreno o iba con su yunta de bueyes a arar la tierra era llevado a los juzgados por los supuestos propietarios, quienes ya habían llegado a un acuerdo con los desarrolladores inmobiliarios para cederles esos predios.
La agente del Ministerio Público De la Luz Saavedra también se encuentra en esta historia, ya que se encargó de integrar la averiguación previa en contra de Cruz Mitznahuatl, quien actualmente es integrante del Movimiento de Pueblos Cholultecas.
Tras salir ser liberado, Mitznahuatl vendió su parcela de 3 hectáreas por 150 pesos el metro cuadrado, cuando tenía un valor comercial de 3 mil pesos.
Otro de los encarcelados por los operadores de los Posada Cueto fue Maurilio Galeote Mixcóatl, quien asevera que en una semana la Procuraduría General de Justicia (PGJ) integró la averiguación previa en su contra, consignó, giró órdenes de aprehensión y ejecutó su encarcelamiento el 27 de enero de 2008.
Maurilio Galeote estuvo preso un día, y aunque los denunciantes nunca presentaron pruebas para soportar sus acusaciones, la PGJ dictó la sentencia absolutoria hasta septiembre de 2009.
