El Grupo Cruz Azul y el gobierno estatal incumplieron los compromisos contraídos en 2007 con habitantes de Palmar de Bravo, a quienes expropiaron 250 hectáreas para la instalación de la cementera, pues la empresa no sólo está dañando la reserva de la biósfera Tehuacán–Cuicatlán con los trabajos de extracción, sino que además está afectando los terrenos de cultivo y provocando problemas de salud en los pobladores.
Así lo denunció Maurilio Rosas Morales, presidente de la asociación Ecotuzuapan, del municipio de Palmar de Bravo, quien acusó, además, que está pendiente la construcción de una planta tratadora de aguas residuales, una clínica de salud y un complejo ecoturístico.
El 9 de enero de 2007 autoridades federales y estatales, los representantes del corporativo y habitantes de las comunidades Adolfo López Mateos, San José Tuzuapan, Palmarito Tochapan, Froylán Manjarrez, San Simón Yehualtepec y San Miguel Zozutla firmaron el “Acuerdo de Concertación” para permitir la instalación de la cementera.
Con el documento, en el cual se encuentran las rúbricas del gobernador Mario Marín Torres y el entonces secretario de Gobernación y actual candidato del PRI a mandatario local, Javier López Zavala, se intentó poner punto final el episodio de inconformidad que protagonizaron los pobladores de la región, quienes se oponían a la construcción de la planta y exigían la anulación del decreto expropiatorio.
De acuerdo con el convenio, la empresa se comprometió a respetar la zona natural protegida que se localiza en el lugar, a no dañar los campos de cultivos y a indemnizar a los campesinos afectados por los polvos emanados en los trabajos iniciales para la construcción de la planta.
Asimismo, el corporativo garantizó que construiría una planta tratadora de aguas residuales para dotar de agua de riego a los sembradíos y resarcir el agua que extraen del acuífero de la zona. También aseguraron que edificarían y equiparían una clínica de salud para las comunidades, así como un complejo ecoturístico en la zona.
En tanto, el gobierno estatal se comprometió a realizar un monitoreo ambiental en las comunidades afectadas ante los problemas de salud que padecen algunos habitantes por la emisión de materiales, así como a resarcir el daño ambiental.
“El problema es que no se ha cumplido el convenio. Tanto del gobierno federal y estatal, como del empresa Cruz Azul eluden sus responsabilidades con tácticas dilatorias”, denunció Maurilio Rosas en una rueda de prensa que convocó con el respaldo del diputado por el PT, José Manuel Benigno Pérez Vega.
El presidente de la asociación Ecotuzuapan advirtió que si las autoridades estatales y la empresa continúan con la negativa de cumplir los acuerdos, los pobladores buscarán el cierre de la cementera, puesto que en la disposición décima del convenio se establece que el incumplimiento del mismo será motivo de clausura.
