El secretario de Gobernación del municipio de Puebla, Juan de Dios Bravo Jiménez, reconoció que existe un problema interno en la presidencia de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, al oriente de la capital del estado, pero subrayó que éste se encuentra en manos de la Contraloría y que la demarcación no tiene problemas de gobernabilidad.
Asimismo, admitió que se firmó un acuerdo entre los involucrados, pero que éste no se cumplió por ninguna de las partes, incluida la administración municipal.
En su edición de ayer, este diario informó que el regidor de Ignacio Zaragoza Alfonso González Hernández presentó la denuncia 128/09/Anticorrupción en contra de la edil de esa demarcación, María Luisa Flores Juárez, y del ex presidente auxiliar Antonio Anaya González, quien también se ostenta como empleado de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, Bravo Jiménez afirmó conocer a Anaya González pero que este causó baja de la dependencia en enero pasado; además, Flores Juárez afirmó a Gobernación que este hombre no era su colaborador a pesar de que el regidor lo señala como la persona que en realidad ejerce el poder en Zaragoza.
Sobre el acuerdo al que hizo referencia el funcionario, se trata de una “minuta de trabajo” firmada el 30 de diciembre pasado firmada por Ángel Pacheco Ahuactzin, director de Juntas Auxiliares de Gobernación, la edil subalterna, el director de Asuntos Jurídicos de Gobernación y el perjudicado.
Aunque el convenio establecía que se le pagaría su sueldo y se le respetaría su cargo de regidor a González Hernández, no ocurrió una cosa ni la otra, por lo que el caso fue turnado a la Contraloría.
Se le preguntó la legalidad que puede tener un acuerdo en el que se presiona al regidor para que abandonara sus funciones, a lo que Bravo Jiménez atajó que el documento tuvo validez, pues fue lo convenido por las partes en conflicto y González estampó en el su firma.
