Un juzgado de distrito ha invalidado la resolución que en enero pasado tomó el Congreso local para acatar el amparo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a favor de Germán López Brun, quien logró demostrar una serie de vicios del Poder Legislativo en la actual integración del Tribunal Estatal Electoral (TEE) y que se violaron sus garantías individuales al habérsele negado el derecho de ser ratificado como magistrado del TEE.
Este caso pone en evidencia la falta de institucionalidad y respeto a la legalidad por parte del Congreso local, que toma decisiones con base en criterios de orden político o de intereses facciosos, pero no se apega a los procedimientos legales ni busca legitimar su trabajo.
Aunque los legisladores encuentren muchas excusas, queda claro que fueron vencidos por un litigante –Germán López Brun– que sin ningún tipo de apoyo consiguió que la SCJN fallara contra los mecanismos utilizados para nombrar a los magistrados electorales. Eso debería ser la pauta para que en el Poder Legislativo se revisara que su trabajo no garantiza en Puebla la existencia de un pleno Estado de Derecho.
Se supone que las funciones del Congreso local son la de ser un contrapeso de los otros poderes públicos y ser garante de que en el estado prive la legalidad. Sin embargo, la pobreza de sus resultados legislativos y la falta de respeto a normas y procedimientos que deben seguir los diputados, lejos de contribuir a que en Puebla haya mejores condiciones de convivencia y armonía, son un factor que erosiona al sistema democrático y daña la credibilidad en las instituciones.
