Y llegó para demostrar, evidentemente, que la alternancia no sirve como un medio para erradicar o por lo menos atemperar la corrupción.
Porque en el vecino Estado ha habido gobiernos priistas, perredistas y ahora uno panista. Panista o casi, porque el gobernador Héctor Ortiz Ortiz era priista, pero obtuvo el triunfo cobijado bajo los colores del blanquiazul.
Y la presidente municipal de su capital, Lorena Cuellar Cisneros, es priista. Pero entremos en el tema que nos ocupa:
La semana pasada llegué ahí, como acostumbro hacerlo con cierta frecuencia, por razones personales y también para disfrutar de la tranquilidad de una ciudad que suele ser amable y acogedora con sus habitantes y visitantes.
Después de realizado aquello que me había conducido a ese estado disfruté, en el portal del zócalo, los platillos que tan bien cocinan nuestros vecinos.
Y hete aquí que cuando me disponía a regresar a Puebla descubrí que mi automóvil había sido inmovilizado por un candado gigante que impedía que sus ruedas giraran.
En la ventanilla izquierda, y sin membrete alguno, había dos papelitos de 10 por cinco centímetros. Uno decía: “evita multa” “te invitamos a que pagues tu tiempo en los parquímetros” gracias. Placas... firmado: “Parquímetros de Tlaxcala”
El otro dejaba bien claro: “su vehículo está inmovilizado por no usar parquímetro” (sic).
Menos mal que en este otro ya me hablan de usted, y dejan de tutearme, porque la cosa ya se había puesto más seria).
Favor de pagar su multa en el mismo. (sic).
¿En el mismo que?
En breve un supervisor estará ahí para removerlo (sic).
Teléfono 46–28225. Cualquier información en las oficinas: 20 de Noviembre número 20.
Ante el atropello, y toda vez que no existe un solo aviso de que existan parquímetros y que sea necesario pagar por utilizar la vía pública, hablé al número señalado. Ahí se me indicó que acudiría un “supervisor”.
Al poco tiempo llegó este y descubrí que la empresa que lucra con la explotación de la vía pública, porque se la han concesionado tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado, es la misma que intentó hacerlo en Puebla durante la gestión de Enrique Doger y que fracasó en el intento ante la férrea oposición de extensos sectores de la sociedad.
Sí, Copemsa, también llamada Jajomar en Puebla, ya había logrado “convencer” ($) a los funcionarios tlaxcaltecas de la bondad de sus intenciones. Los hermanitos Martinez Ramos, habían encontrado una nueva mina de oro en el vecino estado, bajo la mirada cómplice y complaciente de altos, muy altos funcionarios, que seguramente son partícipes del negocito. Aunque con ello violen las leyes, empezando por la Constitución de la República.
El crimen organizado llegó a Tlaxcala. Organizado por los hermanos Martínez Ramos, uno de ellos ex diputado perredista por Michoacán y con extensa relaciones con políticos de todos los partidos.
Tantas relaciones, y tan productivas, que actualmente son los propietarios de todo el Paseo del Río de San Francisco, sí, toda la zona expropiada por el gobierno municipal y el gobierno del estado, en tiempos de Bartlett y de Cañedo, por causa de utilidad pública, es actualmente propiedad de esa familia bajo el membrete, o razón social de “arrendamientos plus”. ¿Y la utilidad pública donde quedó, se pregunta la familia Ochoa, antigua propietaria de Villa Flora? Y lo mismo hacen la familia Dartigues y muchas otras más. La expropiación terminó siendo un auténtico despojo durante el gobierno de Melquiades Morales cuando, bajo la figura de un “fideicomiso” administrado por Bancomer, se vendieron todas las propiedades, sin licitación de por medio, a un solo comprador.
Desde la 2 Oriente hasta la 18 Oriente y desde el bulevar 5 de Mayo hasta la 12 Norte, excluyendo el Centro de Convenciones, e incluyendo los “Lavaderos de Almoloya”, todo, absolutamente todo, pasó a ser propiedad de las hermanos Martínez Ramos. Y seguramente de algunos otros socios que no aparecen en las escrituras, pero que participan de estos negocios.
Hasta el momento no cuento con los términos de la concesión tlaxcalteca como se le denomina a esta nueva forma de privatizar la vía pública y explotar a tanto a los tlaxcaltecas como a los turistas, pero seguramente es idéntica a la que pretendían imponer en Puebla.
Y seguramente que no puede autorizar –de ninguna manera– a que una empresa mande a uno de sus empleados para inmovilizar un vehículo particular (porque esto es un delito), y porque eso solamente puede hacerlo la autoridad, y la autoridad no puede ser delegada en particulares. A menos que en Tlaxcala ya haya sido derogadas las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Y en este caso se priva del uso de un vehículo a su propietario y esto no lo ejecuta la autoridad competente sino que lo hace un particular. Esto es un delito. Un particular despoja a otro particular, supuestamente autorizado por el gobierno de Tlaxcala.
Un particular que, además, y sin otorgar recibo alguno, impone multas a su arbitrio. Y ni siquiera utiliza papel membretado.
Y así llegó la delincuencia organizada a Tlaxcala. Una delincuencia de cuello blanco, organizada, muy bien organizada, por políticos–empresarios; empresarios metidos a políticos; políticos corruptos y ambiciosos; empresarios corruptores y prestanombres, etcétera. Y más ejemplares de toda una extensa fauna nociva que está acostumbrada a explotar impunemente al pueblo mexicano. Igual que lo hacían hace 100 años (un centenario), y que hace doscientos años (un bicentenario).
Y lo han podido hacer porque los tlaxcaltecas, aparentemente, han perdido ese espíritu que animaba a Xicotencatl y a Tlahuicole.
¿Los dejarán? ¿Los dejaremos?
