En la edición de hoy se da cuenta de dos denuncias: la primera, hecha por defraudados del Grupo Bienestar Social La Paz, quienes dan a conocer que el juez Quinto de lo Penal del estado declaró como improcedente la mayoría de las averiguaciones previas que fueron consignadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ). En el segundo caso, perjudicados por Invergroup informaron que de las 992 querellas interpuestas contra esta inmobiliaria desde octubre a la fecha solamente se han consignado 270. Pero lo peor, resaltaron, es que más de la mitad –66.6 por ciento– de las averiguaciones consignadas por el representante social ante los juzgados fue rechazadas por estar mal integrada.
Ambos casos generan sospechas sobre la actuación que están teniendo los órganos de procuración de justicia y el Poder Judicial del estado, pues los supuestos esfuerzos institucionales no han tenido el éxito que de ellos se espera: la captura de los culpables y la restitución del patrimonio a los afectados.
El problema tiene además otras aristas más graves: queda claro que la regulación y supervisión de entidades financieras de dudosa probidad es prácticamente inexistente en el país, pero sobre todo, que sus promotores gozan de impunidad, por omisión o dolo de las autoridades.
Es así que mientras los timadores gozan de la libertad y los dividendos del patrimonio obtenido por vía del engaño y la ilegalidad, los ciudadanos que en ellos confiaron tienen, ya no digamos dificultades para recuperar sus bienes, sino para obtener siquiera eficiencia gubernamental en su defensa.
