El director de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Luis Pazos de la Torre, advirtió que aunque se cree una legislación para regular a las instituciones financieras, cajas de ahorro e inmobiliarias, y se tipifique como grave el delito de fraude, este tipo de empresas continuarán abusando de la necesidad de la gente, pues aseguró que en “México las leyes no solucionan todo”.
En una entrevista que concedió después de presenciar el informe de su homólogo en Puebla, Íñigo Ocejo Rojo, opinó que la “cultura de la prevención” es el mejor método para evitar fraudes como los registrados en el último semestre en Puebla por compañías como Coofia, Sitma, Invergroup y Bienestar Social La Paz.
El economista reveló que Puebla y Oaxaca son las entidades donde se han reportado el mayor número de fraudes ocasionados por cajas de ahorro, inmobiliarias e instituciones financieras.
Consideró que los megafraudes en Puebla se deben a la carencia de una cultura financiera, labor que corresponde a la comisión que él dirige promover, así como a las instituciones gubernamentales. El funcionario federal explicó que este tipo de negocios, dedicados a la captación de capitales, se ubican en lugares de alta marginación, donde la gente carece de acceso a servicios básicos para obtener ganancias sin dar ninguna garantía a sus clientes.
Por esta razón, llamó a la población a evitar invertir su dinero en empresas que ofrecen tasas de interés anual por arriba del 10 por ciento, pues advirtió que dicho índice está fuera del mercado y existe mayor riesgo de fraude.
Pazos de la Torre vaticinó que las personas perjudicadas por las cajas de ahorro e inmobiliarias en Puebla tendrán que esperar varios meses para recuperar sus inversiones, debido a los trámites burocráticos que tienen que enfrentar.
Pese a ello, les ofreció su apoyo aunque aclaró que será hasta marzo próximo cuando la Condusef tendrá mayores atribuciones en este tipo de fraudes.
El director de la Condusef en México, a diferencia de Ocejo Rojo, quien se declaró incompetente para atender las denuncias de los defraudados, se comprometió a exhortar a las autoridades competentes a agilizar los procesos, pese a tener limitaciones legales. Además, demandó a las autoridades judiciales la aprehensión de los defraudadores a fin de que respondan por sus actos.
