Defraudados del Grupo Bienestar Social La Paz denunciaron que la juez Quinto de lo Penal del estado, Olga Margot Cortés León, declaró como improcedente la averiguación previa número 427/2009 que contenía 97 querellas sobre este caso, al argumentar que no existen elementos para configurar el delito de fraude.
Ante ello, el vocero de los clientes de la caja popular, Rafael Ramírez Hernández, señaló que exigirán la renuncia de la juez, pues su decisión impide que se ejerza acción penal en contra de los defraudadores.
Reprochó que las autoridades judiciales tienen criterios diferentes para declarar como procedentes las averiguaciones previas del asunto, ya que mientras la juez Segundo de lo Penal, Rosa Celia Pérez González, aceptó las 47 denuncias que consignó el agente del Ministerio Público y giró órdenes de aprehensión en contra de los dueños de la financiera, la juez Olga Margot Cortés hizo lo contrario con 97 querellas.
En entrevista con medios de comunicación al finalizar un volanteo informativo que realizaron ayer los ahorradores en el zócalo de la ciudad de Puebla, indicó que la decisión de la autoridad judicial de rechazar las acusaciones favorece a los defraudadores, ya que tienen menos cargos penales que enfrentar.
Agregó que la juez Quinto de lo Penal del estado arguyó que las denuncias rechazadas eran de índole civil por incumplimiento de contrato y no penal, como lo configuró la PGJ, pese a que la caja de ahorro está cerrada y no da la cara a los clientes desde hace varios meses.
Ramírez Hernández comentó que dicha decisión judicial hace sospechar que la PGJ no integró adecuadamente las averiguaciones previas sobre el caso, pese a que los afectados fueron llamados a declarar en varias ocasiones y ampliaron las denuncias penales.
Añadió que otra posibilidad es que la juez Cortés esté recibiendo dinero para proteger a María Jaqueline Rodríguez, Silvia Mora Vázquez, Romualdo de Jesús Malo Quiroz e Hilda María de los Ángeles Olarte, principales dueños de la financiera.
