El fin de semana surgió una alternativa para devolverles su dinero a los usuarios de Sitma, la cual parece favorable para los afectados, quienes sentían que no contaban con condiciones para recuperar sus fondos. De igual manera, existe un proceso para que los ahorradores de Financiera Coofia recuperen su capital ahí invertido. En tanto, ayer el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Gerardo María Pérez Salazar, explicó por qué esta última empresa tuvo un contrato para cobrar una parte de los impuestos locales.
Pese a que se han ido encontrando alternativas para el problema de los fraudes cometidos por empresas financieras –cuyo monto global es de más de mil millones de pesos–, aún faltan por investigar varios aspectos que permitieron dichos timos, siendo el principal el siguiente:
Cuál fue el papel de autoridades locales y federales para que esto pudiera ocurrir, pues desde hace mucho tiempo estaban detectadas varias empresas privadas que captaban ahorros o inversiones sin tener un respaldo financiero y sin estar sometidas a una regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Lo más grave de esta situación es que aún están operando algunas compañías con las características antes descritas, y ninguna autoridad hace algo para evitar que engañen a más ciudadanos. Es decir, se les otorga absoluta impunidad.
Si no se va a fondo en las investigaciones de estos casos, se seguirán reproduciendo los llamados fraudes de cuello blanco, y tal parece que es una situación que beneficia a ciertos servidores públicos.
