En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se decidió ayer por la noche negarle el registro a Enrique Doger Guerrero como precandidato a la gubernatura de Puebla, sin que se precisara a detalle las causas de ese fallo. Con ello parece surgir el primer conflicto legal en el actual proceso electoral, pues se sabe que el ex edil de la capital acudirá a los tribunales para intentar revertir esa determinación.
Este hecho nos debe llevar a recordar que los partidos políticos son entidades de interés público, y por tanto sus decisiones se deben apegar a la legalidad del marco constitucional del país y de sus propios estatutos. Algo que no siempre ocurre, ya que a las fuerzas políticas se les ven como feudos de las élites que las controlan.
Si en los partidos no priva la legalidad y la civilidad en sus procesos internos, se crean condiciones para que surjan gobiernos que tampoco se ciñen al imperio de la ley para aplicar el gasto público, así como para ejercer funciones de autoridad o utilizar el aparato de la fuerza pública.
Ante esas condiciones, es deseable que en el Partido Revolucionario Institucional prive la legalidad y se sustente con pleno apego a la norma la negativa de registro de Enrique Doger. O en todo caso, un órgano jurisdiccional corrija el fallo que daña las aspiraciones del ex presidente de la capital. Dicho de otra manera, es fundamental que impere la ley y no la impunidad.
Si los partidos no son capaces de regir su vida interna de acuerdo con los marcos normativos, no se podrá tener un sistema democrático moderno y que beneficie al grueso de la población.
