No hay duda de que la tragedia que vive el pueblo de Haití nos interpela, nos cala y nos duele hondo como seres humanos. La tragedia se multiplica aun más en un país cuyas condiciones económicas y sociales, largas heridas del pasado, mantienen a la población hundida en la pobreza y en el desamparo. Si bien nos hemos podido enterar de la situación actual y solidarizarnos a través de los medios de comunicación, éstos callan más de lo que deben decir.

Ante el reciente terremoto, las tropas estadounidenses tomaron posesión del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, justo después de que aterrizaran 30 médicos cubanos para prestar sus servicios. La presencia americana rememora las intervenciones del pasado, controla y decide quiénes aterrizan y qué  hacer con la ayuda humanitaria, que continúa sin llegar a manos de los haitianos, tal como debería.

En este sentido, José Luis Vivas levanta la sospecha de que hay una aparente instrumentalización de un supuesto estado de caos en Haití para justificar la presencia indeterminada de las tropas americanas en dicho país. Los medios afines al gobierno estadounidense han difundido noticias sobre posibles tiroteos y creación de bandas criminales. Constantemente se difunden imágenes de los haitianos peleando por comida y víveres, gritando por las calles, etcétera. Incluso, Carlos Loret de Mola, llegó a afirmar en su noticiero que los haitianos ya estaban acostumbrados a ver a los muertos en la calle. La insensibilidad con la que se presentan algunas imágenes y con la que se afirman supuestos pensamientos o acciones de los haitianos, procura mostrar esa imagen apocalíptica en la que éstos no tienen control sobre sí mismos, ni saben organizarse.

Ante esto, el director del Ciné Institute de Jacmel, David Belle, cuenta una visión  que contradice la imagen difundida por los medios. “Me han contado que muchos medios informativos estadounidenses pintan Haití como un polvorín a punto de explotar. Me han dicho que los reportajes principales de los grandes medios sólo hablan de violencia y caos. Nada hay más lejos de la realidad. Ni una sola vez he sido testigo de un solo acto de agresión o violencia. Al contrario, hemos visto a vecinos ayudando a vecinos y amigos ayudando a amigos y extraños. Hemos visto a vecinos excavando en los escombros con las manos desnudas para encontrar a supervivientes. Hemos visto a curanderos tradicionales tratando a los heridos; hemos visto ceremonias solemnes ante entierros colectivos, y a moradores esperando pacientemente, bajo un sol abrasador, con nada más que unas pocas pertenencias que les quedaron. Una ciudad mutilada de 2 millones de seres esperando ayuda, medicina, alimento y agua. La mayoría no ha recibido nada. Haití puede enorgullecerse de sus sobrevivientes. Su dignidad y decencia frente a esta tragedia son en sí mismas asombrosas”.

La antinomia revelada por el Ejecutivo federal hace unos días al censurar la opacidad y el derroche de los recursos, al mismo tiempo que desde la Secretaría de Gobernación se trabaja en una reforma al marco legal de la transparencia y el acceso a la información para que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), es evidencia contundente de una política pública de doble cara.

Al declarar, durante la presentación del estudio sobre el proceso presupuestario en México realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en materia de transparencia la ciudadanía no merece simulaciones ni regateos, Felipe Calderón pretende mantener en el trono acaso la conquista más importante lograda en el anterior sexenio. Sin embargo, aunque la iniciativa preparada desde la oficina encargada de la política interna del país todavía no es pública, podría dar al traste con esta victoria comprometiendo la autonomía del órgano garante a las decisiones del tribunal federal.

Aun más. De acuerdo con el posicionamiento de la organización Article 19 del pasado 13 de enero, el derecho de acceso a la información en México enfrenta un contexto adverso este año no sólo por la doble política del Ejecutivo federal que debilitaría al IFAI, sino también por la resistencia de algunas instancias de la administración pública federal ante las resoluciones del propio instituto, por el déficit legislativo para armonizar la ley federal y las leyes locales con el artículo sexto constitucional, y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha incluido dentro de sus prioridades la discusión de controversias constitucionales que involucran a este derecho.

A decir de esta organización, la Procuraduría General de la República (PGR) es la dependencia que más ha rechazado la labor del IFAI ignorando el cumplimiento de las resoluciones que le ordenan entregar información. Para muestra, cabe destacar que, según datos del propio instituto, desde 2004 la PGR ha incumplido en 31 discusiones las resoluciones del órgano garante.

Por otra parte, con más de un año de retraso, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados de Baja California Norte, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo han incumplido el mandato constitucional de adecuar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes estatales correspondientes al texto constitucional contenido en el artículo sexto, mismo que representa el piso mínimo para armonizar el marco jurídico mexicano con los principios de gratuidad, máxima publicidad, sencillez, protección de datos personales y preservación de documentos.

Adicionalmente a estas resistencias, el retraso de la SCJN para resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del artículo 16 del Código Federal de Procedimiento Penales, el cual reserva de manera indeterminada la información de las averiguaciones previas, constituye un retroceso más para la transparencia y el derecho de acceso a la información.

Frente a este escenario Article 19 hace un llamado al Poder Ejecutivo, para que desista en su intención de sujetar las resoluciones del IFAI a la revisión del TFJFA; al Congreso de la Unión y a los congresos estatales, para que aprueben reformas acordes al mandato constitucional; y a la SCJN, para que incluya entre sus prioridades la discusión del recurso constitucional interpuesto por la Comisión Naciomal de Derechos Humanos.

Si como parece asentarse los avances en materia son de gran alcance, los pasos hacia atrás no deben ser permitidos; blindar lo ya conseguido y aspirar a más debe ser la única trayectoria de cara a una política pública congruente, sólida y efectiva.

Hay que matar al periodista incómodo, le diría el narcotraficante a su lugarteniente, a su sicario. En Puebla, Mario Marín manda dar un “coscorrón a esa vieja cabrona”, en Jalisco, el gobernador Emilio González espeta en público “digan lo que quieran... perdón señor cardenal... chinguen a su madre!”.

Según el Diccionario de la Lengua Española “matar” significa 1. Quitar la vida, 12. Estrechar, violentar, 13. Extinguir, aniquilar. Significados que encuentran lamentable significante en nuestro país: 65 periodistas asesinados en los últimos 10 años. Y decenas de casos de acoso, censura, amedrentamiento, amenazas.

En México ser periodista es peligroso porque no hay instancias protejan a cabalidad la vida, la integridad física y moral de los informadores. En México, el crimen organizado, los poderes fácticos –la  santa iglesia, los propios medios que en ocasiones son censores del mismo gremio–, el poder establecido, la fuerza del Estado representada por la policía o la milicia violan en forma sistemática los derechos humanos de los periodistas, en ocasiones al grado de “quitar la vida”.

“El periodismo en México desprotegido y en peligro”, se titula el texto de Jesús Esquivel del Proceso de esta semana. En entrevista, Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó que “el problema que está enfrentando México es probablemente uno de los más importantes para la libertad de expresión que tenemos en toda la región”.

Asesinos de periodistas

El miércoles 25 de mayo de 2009 asesinaron al reportero del periódico La Opinión Milenio de Torreón, Coahuila. Un día después una manta que decía “ya estamos aquí periodistas, pregúntenle a Eliseo Barrón. “El Chapo” y Cártel del Poniente no perdonan”.

Miguel Ángel Granados Chapa asegura que la autocensura “es válida porque a nadie se le puede pedir que asuma un riesgo que puede ser mortal (...) sin embargo, es una táctica equivocada, que equivale a la actitud defensiva en el boxeo de quienes se enconchan para evitar ser golpeados (...) Hay que encararlo justamente, no envalentonado el gremio periodístico, pero sí consciente de que si no se le hace cara al narcotráfico, se debilita (al periodismo)”.

El mensaje de respuesta a las mantas, a los asesinatos, a los coscorrones, a las mentadas, tendría que ser eso que dice Granados, un periodista valiente, investigador, al servicio de la sociedad y un Estado mexicano que ofrezca las condiciones para el ejercicio pleno e indispensable de informar. Y entonces, gritar: ya estamos aquí, asesinos de periodistas.