La discusión sobre el otorgamiento de derechos legales a los homosexuales ha polarizado muchas opiniones que normalmente son sesudas y centradas. No incluyo, por supuesto, a aquellos ratones de sacristía empeñados en imponer a los demás sus muy personales convicciones morales (en muchas ocasiones producto de problemas psicológicos de claro corte freudiano), ni a los viejos seguidores de los dogmas del marxismo sino a aquellos creadores de opinión que normalmente se despojan de la pasión para basar sus reflexiones en la razón y la lógica.
Y es que normalmente es mucho más fácil transitar por los extremos que intentarlo por el justo medio. Máxime cuando la historia de nuestro país nos presenta múltiples ejemplos de los excesos generados por la acumulación de poder en un solo extremo del espectro ideológico y de las graves consecuencias que esto acarreó. Porque es bien sabido que a toda acción se opone una reacción de la misma intensidad y de sentido contrario. Por lo menos en física. Pero estando relativamente reciente el recuerdo de cuando la iglesia católica concentró en sus manos tanto el poder espiritual, como el político y el económico, a muchos les provoca gran preocupación que esto pudiera repetirse.
Y por una parte vemos la airada reacción del clero católico en contra de los matrimonios homosexuales y por la otra la reacción perredista empujando aún más allá una serie de cambios; aún más allá de lo que aconsejaría la prudencia política, y en otra posición, una de claro oportunismo electoral, vemos al PRI y sus gobiernos estatales apoyando la introducción de modificaciones legales que aparentemente prohíben el aborto, pero sin penalizarlo, creando un enredo legal, un galimatías “proteccionista” de la vida humana, pero haciendo de lado temas como el suicidio, el intento de suicidio, la eutanasia tanto pasiva como activa, y muy principalmente los trasplantes de órganos, aspectos que van inevitablemente ligados al anterior.
¿Puede alguien donar en vida –o ya muerto– órganos de su cuerpo cuando éste es ya un ente tutelado y protegido por el Estado? ¿Debe penarse al suicida fracasado? ¿Debe el Estado impedir la eutanasia pasiva (la suspensión de medidas que mantienen con vida a un enfermo irrecuperable) y por lo tanto, si esto ya está consagrado en la Constitución, deberá igualmente hacerse cargo de los gastos derivados de su atención, hasta que muera?
Y así, muchos sienten que la embestida del alto clero contra las modificaciones que favorecen a los homosexuales en cuanto a sus derechos patrimoniales, que únicamente de eso se trata el “matrimonio” homosexual, y por otra parte de apoyo abierto a la penalización del aborto, constituye un grave ataque al carácter laico del Estado mexicano. Pero, ¿lo es en realidad? Después de las modificaciones al artículo 130 en la época de Salinas los sacerdotes recobraron sus derechos como ciudadanos, aunque quedó firme la separación del Estado mexicano con “las” iglesias. Y desde entonces las encuestas de opinión ya mostraban que el 70 a 79 por ciento de los mexicanos se oponía a que los curas opinaran sobre política. Curiosamente los menos proclives a esta postura eran aquellos que se consideraban filo–perredistas (Los mexicanos de los 90, I. I. Sociales, UNAM), mientras que priistas y panistas mantenían porcentajes muy similares de rechazo.
¿Y entonces, se puede prohibir o penalizar la expresión pública de las ideas en pleno siglo XXI? Yo considero que no, y que el hacerlo sería muy peligroso porque justificaría que se pudiera intentar en lo futuro con cualquier otro grupo de opinión. Y es pertinente dejar en claro que no es igual que lo haga públicamente el Cardenal Onésimo Cepeda o cualquier otro, afrontando las consecuencias políticas de sus palabras, a que lo haga el Nuncio Apostólico, clérigo extranjero con calidad de embajador en nuestro país. Ese es otro caso. Prigione lo hizo en infinidad de ocasiones.
Si el clero mexicano considera que las leyes civiles no deben permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, bastaría tal vez con que lo condenara y, obviamente, no lo santificara en sus templos. ¿Les preocupa el texto de las leyes civiles? Eso significa, automáticamente, que se acogen a ellas, así como también sus fieles. Y de ser así, y si saben que la pederastia es considerada un delito en las leyes mexicanas, ¿por qué razón no han entregado a la justicia a uno solo de los curas pederastas denunciados públicamente y ante las autoridades? ¿Acaso consideran que las leyes solamente se le aplican a los demás?
¿Dónde trazar la delgada línea roja que separa al Estado laico de los derechos individuales? Muchos desearían empujarla hacia donde sus intereses o convicciones personales les indican que debe quedar, haciendo caso omiso de las opiniones de los demás. Y algunos incluso lo intentan en nombre de la “libertad individual”. Y así, aún en la civilizada, republica francesa, para citar un ejemplo, se decidió prohibir el uso de la burka musulmana en las escuelas por considerarla como un símbolo religioso inaceptable. Ellos trazaron su línea roja, entre religión y educación, de acuerdo a las circunstancias del momento y durante esta época de gran tensión entre el Islam y el occidente. Pero ¿acaso no deberían haber prohibido igualmente, en aras de la justicia y la equidad, los crucifijos y las estrellas de David?
Como hacer para disentir de lo que el otro opina y piensa sin intentar, ni por un momento, coartarle su derecho a opinar. Como sentirse liberal, discípulo de Voltaire, sin defender el derecho de los demás a disentir. Como apoyar el derecho de homosexuales y lesbianas a ser tratados como iguales ante la ley y simultáneamente intentar poner cercos, trabas y límites a la opinión de los demás.
En esta era de las comunicaciones, del auge de los medios electrónicos, a diferencia de la época de la Reforma, lo mejor que nos puede pasar es que las ideas, las modificaciones legales, los cambios, sean discutidos franca y abiertamente por sus apologistas y por sus seguidores.
Simplemente porque luna democracia sana no puede existir sin información.
