Este lunes se conocieron tres datos que muestran el sombrío panorama económico con que inicia el año 2010, los cuales son: uno, que en el 40 por ciento de las tortillerías de Puebla ya incrementó los precios en un 18 por ciento. Dos, que subieron 30 por ciento los costos de producción del pan. Y tres, el 50 por ciento de los equipos de transporte pesado está parado por la baja rentabilidad que les deja el alza en el precio de los combustibles.
Lo que llama la atención de este panorama es la apatía oficial de las autoridades de los tres niveles de gobierno para enfrentar esta cruda realidad. Tal parece que a los gobernantes y legisladores solamente les interesan los temas electorales y de cómo incrementar el gasto corriente en las estructuras burocráticas, pero no se preocupan por establecer alguna estrategia para aminorar el impacto de la crisis en la población más pobre, que abarca dos terceras partes de las familias de todo el país.
En Puebla, el gobernador Mario Marín debe establecer un plan emergente para proteger el empleo en el estado, el cual en 2009 arrojó los peores resultados en muchos años. De entrada, el mandatario debe correr de inmediato al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, José Antonio López Malo, cuyo desempeño no se traduce en una mejora de las inversiones y en ofrecer mejores condiciones de mercado para empresas locales.
A nivel federal, si el gobierno de Felipe Calderón no establece una estrategia para frenar el alza en los hidrocarburos, perderá el control de la economía y se profundizarán los efectos de la crisis, lo que representa un riesgo para la estabilidad social del país, que por momentos parece estar en la antesala de un estallido.