La impartición de justicia hacia las mujeres es precaria en el país, de acuerdo con un estudio que realizó el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, a fin de conocer la efectividad de las acciones y políticas en materia de promoción, aplicación, defensa y reivindicación de los derechos humanos de las mujeres entre 2004 y 2007.
El estudio, que fue auspiciado por la Cámara de Diputados federal a través de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, abarcó los estados de Zacatecas, Michoacán, Puebla y Tlaxcala, cuyos resultados fueron presentados este miércoles en el Congreso local en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Para la realización de este estudio denominado “Análisis jurimétrico prospectivo del impacto de las políticas públicas en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres”, se aplicó la misma metodología que utilizaron expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar los feminicidios de Ciudad Juárez en el año 2003.
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, el no respeto de las autoridades a las leyes nacionales e internacionales de procuración de justicia y protección de los derechos humanos de las mujeres; la falta de capacitación de los ministerios públicos, jueces y abogados litigantes; los bajos salarios que obtienen estos funcionarios, la escasez de recursos humanos y la situación económica de las víctimas son las causas de que no exista una impartición de justicia plena hacia el sector femenino.
Claudia Cruz, representante de la organización Milenio Feminista y quien presentó el diagnóstico, refirió que el estudio se hizo entre 2004 y 2006 en todo el país, mientras en Tlaxcala fue el año pasado. El mecanismo utilizado consistió en evaluar la actuación de las autoridades y todos los funcionarios de cada una de las instancias de impartición de justicia, además de que se revisaron los expedientes que ya habían causado estado de 2004 a 2006 en cinco delitos: homicidio, violación, estupro, alimentos y violencia familiar.
Explicó que para evaluar la calidad de impartición de justicia hacia las mujeres, desde la presentación y atención de las denuncias y todo el seguimiento, así como la actuación de los funcionarios de esas instancias, se estableció un parámetro del 1 al 7, y en la mayoría de los estados estudiados el promedio osciló entre 3.3 y 3.5, lo que habla de que no existe un pleno respeto a las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos del sector femenino.
“Medimos el acceso a la justicia para las mujeres en los ámbitos de impartición y procuración de justicia, para saber si realmente los ministerios públicos y los jueces están cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales. Lo que hemos visto es que las autoridades hacen caso omiso de esas normas y lo que estamos planteando es que haya una armonización de la legislación internacional, tanto en los códigos penales, como de los civiles y procedimentales para que se cumplan los derechos de las mujeres.
“Por otro lado, vemos que no existen los recursos suficientes para el personal de las procuradurías y juzgados que pueda equipararse entre los abogados litigantes que son defensores de las víctimas o representantes de los victimarios con los ministerios públicos o con el salario de los jueces. Mientras exista esa diferencia habrá una impartición de justicia desequilibrada”, observó.
Para la activista, es necesario que las instancias impartidoras de justicia cuenten con todos los recursos económicos y humanos necesarios, además de que las leyes que se generen en los estados y la Federación vayan acordes con el ámbito internacional, “que no sean simulaciones, que no digan que es una norma contra la violencia hacia las mujeres, cuando en la realidad no se pueden aplicar porque no modifican códigos que tienen que ver con los delitos en esta materia. Es un asunto que debe ser atendido tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo”, apuntó.
Claudia Cruz observó que existen otros delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y que afectan principalmente a mujeres y menores de edad que tampoco han sido atendidos para su eliminación como la trata de personas o secuestros de migrantes, “no están siendo atendidas debidamente para que se erradique, por lo contrario empiezan a aumentar porque no se aportan los recursos económicos y humanos necesarios”.
Asimismo, consideró que hace falta capacitación para los ministerios públicos, los jueces y los abogados litigantes, aunque “en un momento comenté que sólo era necesario capacitar a los abogados que están al lado de la víctima o representan al victimario, porque son finalmente ellos los que dan paso al acceso a la justicia. Ellos tendrán que solicitar al Ministerio Público o al juez lo que tengan que requerir conforme a la ley, y estos no se lo deben negar.
“En este sentido, consideró que no sale tan caro para los gobiernos tener un aparato de defensoría de oficio, con un sistema autónomo de los poderes ejecutivos para que no haya asuntos de relevancia y donde dos autoridades en un mismo poder estén litigando un mismo asunto.
Además, apuntó que debe crearse un sistema de defensoría para las personas de escasos recursos, “pues en la encuesta resultó que 100 por ciento de las mujeres dijeron que no se les informa que el servicio jurídico es gratuito, sino que saben que es caro, que tienen que pagar los pasajes, contratar un abogado, pagar las copias, es decir, por todo movimiento que se tenga que hacer.
“Eso nos indica que la gente que es pobre no tiene acceso a la justicia y las más pobres siguen siendo las mujeres, pues no tienen recursos para presentar una denuncia, entonces de nada sirve que se esté legislando para que ellas puedan demandar, si no lo pueden hacer porque no tienen recursos para ello”.
Propuestas de reforma
El Análisis Jurimétrico Prospectivo del Impacto de las Políticas Públicas en Materia de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres hace algunas propuestas encaminadas a mejorar los servicios que se prestan en la Procuraduría y en las diversas agencias y fiscalías del Estado.
La intención es elevar la calidad de atención, prevención y acceso a la justicia especialmente a favor de las mujeres víctimas de discriminación y violencia y en general para todas las usuarias y usuarios de los servicios que otorgan, para que así se dé cumplimiento real a lo establecido por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres suscritos y ratificados por el gobierno de México, así como a las leyes federal y locales para la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de su derecho a la no discriminación por su condición de género.
En este sentido, consideran que si bien es fundamental contar con espacios óptimos, cumplir con los tiempos que marca la Constitución para un proceso, además de contar con el personal necesario para dar servicios de calidad y calidez a que tienen derecho las mujeres, las propuestas se centrarán en hacer las recomendaciones encaminadas a dar cumplimiento a la legislación nacional e internacional en materia de procuración de justicia.
Las recomendaciones se basan primeramente en la observación que hizo el equipo, además de los datos recabados mediante las encuestas y de los diversos documentos a los que tuvieron acceso como son las plantillas de recursos humanos, los tiempos que se cubren para la integración de la averiguación previa y el papel que desempeña cada uno de los integrantes de las diversas agencias y fiscalías del Estado.
“En términos generales podemos ver que existen muchos problemas y conflictos en el Sistema Judicial del Estado que no serán resueltos hasta que haya una verdadera conciencia por parte de las autoridades en aplicar políticas públicas que obliguen a los funcionarios a capacitarse sobre funcionamiento, tratados, convenios y conocimientos generales para hacer un papel correcto y digno al impartir justicia, también es necesario empezar por educarnos como sociedad y crear cultura hacia la denuncia y al combate de la corrupción para el pago de favores por parte de los funcionarios”, advierten.
Además, estiman que es necesario que el Poder Ejecutivo baje recursos hasta los municipios y no se queden solamente en las ciudades, ya que es en estos lugares en donde se observaron más carencias y donde se presentan más incidencias en los delitos que este estudio analizó.
Entre las propuestas y recomendaciones para mejorar el servicio en la administración de justicia de las agencias del Ministerio Público del Estado están que se le otorgue a las procuradurías de Justicia mayores recursos y presupuestos etiquetados y diseñados desde la perspectiva de género a través de los congresos locales y/o federal.
Con ello, estiman que se generará en los módulos y agencias del Ministerio Público y en aquellas que son especializadas en la atención de las mujeres víctimas de delitos y de la investigación de los mismos, capacidad instalada por parte de personal que siempre respondan al cumplimiento y promoción de los derechos humanos de las mujeres.
