No hay ningún documento, ninguna investigación, ninguna audiencia, ningún dictamen que se haya realizado sobre el lamentable caso de “las juanitas”. Hoy simplemente se pretende simular y decir que o son diputadas “faltistas” o con “algún problema de salud”. ¿Están seguros que son diputadas faltistas?, ¿están seguros que verdaderamente tienen un problema de salud?
No estamos en la era de piedra. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipifica como forma de discriminación contra la mujer en su artículo 18 la “violencia institucional”. Misma que define como:
“Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.
Asimismo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone en su artículo 38, inciso s):
“Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
“Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular”
Lo cierto es que ni la Mesa Directiva, ni la Junta de Coordinación Política, encabezadas por los diputados federales del PAN, Francisco Ramírez Acuña, y del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, respectivamente, han presentado ningún dictamen que dilucide de manera clara cuál es la realidad de los hechos.
Es necesario que se conozca la información curricular de las diputadas federales que el 3 de septiembre de 2009 solicitaron licencia al Pleno de la Cámara de Diputados y de los legisladores suplentes correspondientes.
Además es necesario que a través del monitoreo de medios, se realice un estudio que permita saber quiénes fueron los aspirantes a candidatas que manifestaron su deseo de ser diputadas, para saber si ha existido discriminación y en qué términos y condiciones.
Comentarios: rene.sanchez. galindo@gmail.com
