El gobierno del estado no aportará toda su parte que le corresponde en el Fideicomiso Pago (Fipago) para resarcir el daño a los 3 mil 200 defraudados de Coofia, pues sólo destinará el 68.4 por ciento del los 146 millones de pesos que la Confederación Alemana de Cooperativas estimó que tendría que erogar.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, Gerardo Pérez Salazar, después de comparecer ante la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del estado, que lo llamó al recinto para que abundará sobre la propuesta que hizo el gobernador Mario Marín Torres en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2010 de adquirir una nueva línea de crédito por 2 mil 500 millones de pesos.
En rueda de prensa, el funcionario explicó que durante su encuentro con los legisladores que integran la Comisión de Hacienda, entre ellos algunos de la fracción panista, que hasta hace unos días manifestaron su oposición por adquirir una nueva deuda, trató de convencer a los diputados que sólo a través de un nuevo crédito crecerá la entidad y podrán disminuir las tasas de desempleo y pobreza.
Señaló que ante su inquietud de que dichos recursos se podrían utilizar para fines electorales, les aclaró que no existe ningún riesgo que los 2 mil 500 millones se utilicen para fines electorales, pues indicó que el dinero llega al estado etiquetado y de acuerdo a la Ley de Deuda Pública sólo se pueden ejercer para inversión pública productiva.
No obstante, a pesar de que Pérez Salazar sostuvo que la línea de crédito no servirá para fines electorales, cuando se le preguntó respecto a los programas y obras en los que se invertirían los 2 mil 500 millones, el funcionario estatal respondió que un alto porcentaje se destinaría para obras del Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI), el cual es operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que dirige Javier López Zavala; así como para los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Desarrollo Rural y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, infraestructura carretera y hospitalaria. Refirió que la deuda del gobierno federal representa cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto que se traduce en cerca de tres billones 500 mil millones de pesos de deuda para México y que en el caso de Puebla la deuda sólo representa el 1.5 por ciento del PIB.
“Es mucho dinero contra qué. Si lo comparamos con las enormes necesidades del estado, diría que no alcanzan los 150 mil millones de pesos”, finalizó.
